La presidenta de la comisión de equidad de género en el Legislativo local, Beatriz Santillán Pérez, acusó al Ejecutivo estatal, el Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de estar incumpliendo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el conflicto de la Normal de Cañada Honda, acusando a dichas instituciones de violentar los derechos humanos de las alumnas y no estar dialogando con aquellas personas que la misma autoridad dice ver detrás del conflicto.
Santillán Pérez subió a tribuna durante la sesión ordinaria de ayer para criticar que por el actuar de las autoridades “parece que ir a demandarle al gobierno una necesidad o alguna propuesta es un delito”, aunque no justificó las acciones tomadas hasta ahora por las cañadistas: “también repruebo la intervención de las mujeres que han estado al interior de la institución manifestando y ayudando a la no entrega de la institución, estas mujeres, señoras y señores, en la autoría de género son mujeres misántropas, porque están a favor del machismo, no siempre son las adecuadas para hacer una negociación”.
Con respecto a que el mismo gobierno del estado ha manifestado que hay intereses políticos y personas ajenas a la entidad detrás del conflicto, la legisladora argumentó que “sí hay manos que mecen la cuna, sí hay extraños que están inmersos, dicen en un dicho de la política que cada perro tiene su dueño, entonces hay que hablar con los dueños”.
Asimismo, cuestionó el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que “nos ha puntualizado que ha firmado convenios en donde en la Normal de Cañada Honda no habrá más novatadas que agreden a las alumnas; sólo diría yo: ¿Derechos Humanos vigila el cumplimiento? Si vigila el cumplimiento y se han firmado acuerdos, no hay razón porque no se cumplan”.
Con respecto a la PGJE, advirtió que no está demostrando la capacitación de su personal con enfoque de género a la que le obliga la ley, en virtud del trato que han recibido las manifestantes.
Al término de su intervención, la priísta señaló que esta ley marca “la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades bajo los principios de los derechos humanos y de igualdad. Así pues no parece el Ejecutivo dar cumplimiento a esta ley”.
