- Se resolvió también su revisión de amparo; la sentencia será pública el lunes
- Será la contraloría interna del legislativo la que determine responsabilidades y sanción
La Contraloría municipal entregó ayer al Congreso del estado la documentación del procedimiento administrativo contra del ex alcalde panista Martín Orozco Sandoval, resultado de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que la declaró incompetente para dictar, como lo hizo, la inhabilitación del hoy candidato a la gubernatura. Paralelamente, fuentes cercanas al aspirante confirmaron que el pleno del Tribunal Colegiado de Circuito resolvió a favor la revisión del amparo para efectos que promovieron sus abogados.
De acuerdo con esas fuentes, la sesión del Tribunal se llevó a cabo antier y sostuvieron que fue favorable al panista; sin embargo, aseguraron que la sentencia todavía no es pública ni se ha hecho del conocimiento de las partes, por lo que se extrañaron de que el candidato priísta hablara ayer al respecto como si conociera los detalles que se estaría revelando probablemente hasta el lunes.
Mientras tanto, Guillermo Avendaño Rodríguez, contralor municipal, acudió a la secretaría general del Poder Legislativo alrededor del mediodía a entregar a su titular, Francisco Ramírez Martínez, el expediente con los pormenores del proceso donde se acusa a Orozco de tráfico de influencias por la permuta y cambio de uso de suelo de unos terrenos durante su gestión al frente del ayuntamiento. Alberto Solís y Enrique Rangel, presidente de la mesa directiva y de la comisión de justicia, respectivamente, estuvieron presentes. Los tres funcionarios del legislativo son de extracción priísta.
En el documento, el síndico procurador, Félix Eloy Reyna Rendón, informa que el expediente contiene “copia simple de la denuncia y anexos de la misma que dieron inicio al procedimiento, así como de la totalidad de las actuaciones habidas en el mismo, con excepción de la resolución que se había dictado en dicho procedimiento al haber sido declarada nula sin resolver el fondo de la misma (…), lo anterior para que previa su consideración se inicie y en su momento sancionen las infracciones que se atribuyen entre otros a los C.C. Martín Orozco Sandoval y Salvador Pérez Sánchez por parte del C. José Enrique González Pacheco”.
Se afirma que “a la fecha no ha caducado en forma alguna la facultad (del Congreso) para imponer la sanción correspondiente”, conforme la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Aguascalientes.
Solís Farías explicó que “ahora la tramitología correspondiente será que se presente en asuntos en cartera en la próxima sesión del Congreso (…); se le dará conocimiento a las comisiones correspondientes, sin embargo, se turnará seguramente al órgano interno de control del Congreso, que es la contraloría”. El procedimiento, dijo, es de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Afirmó que dicha instancia llevará el proceso de manera pública en la medida de lo posible e insistió en que “el Congreso ha estado ajeno a todas estas circunstancias; fue el propio actor en su demanda quien determinara, expusiera al juez que, en su momento no era la contraloría competente para juzgar, sino el Congreso del estado”.
