- Congreso comprometido a presentar iniciativa
La Comisión Estatal de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que se encargará de los trabajos que se requieran para aplicar la reforma de 2008 en Aguascalientes, se instaló y llevó a cabo en la Casa de la Cultura su primera sesión, presidida por el subsecretario de Asuntos Jurídicos Alfredo Muñoz Delgado. Ahí, se reconoció el rezago de Aguascalientes en los trabajos de la reforma, achacándole a la falta de recursos el fracaso del primer Comité implementador y se pidió acceso al subsidio para iniciar las adecuaciones al marco jurídico de la entidad, comprometiéndose la LX Legislatura del Congreso a ser la que presente la iniciativa antes de culminar su trienio.
La reunión se llevó a cabo a cinco días de que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia (SETEC), adscrita a la Secretaría de Gobernación, colocara al estado entre los 19 con un “avance poco significativo o no sistemático” en los trabajos para la aplicación, entre otras disposiciones, de la justicia oral en su Informe de Situación de la Reforma y en ella se aprobó una carta compromiso de doce puntos alrededor de los cuales se establecerá la agenda de trabajo de esta comisión.
Durante la lectura del documento, a cargo de López Libreros, se reconoció que el abrogado comité implementador creado por decreto del ejecutivo en junio de 2009, “no logró avances significativos en relación a sus fines precisamente por falta de recursos económicos, por lo que puede afirmarse que el avance en el tema es mínimo”.
En el primer punto, la comisión manifiesta al organismo de SEGGOB “nuestro interés y compromiso para participar en el otorgamiento de subsidio para la implementación de la reforma”; en el sexto, se solicita formalmente aplicar los recursos en el “diseño de las reformas legales necesarias para la implementación” en atención a las recomendaciones y asesoría del consejo y de la SETEC y en el doceavo establece el compromiso de la actual legislatura para presentar la iniciativa de reformas a la Constitución y a la Legislación Penal locales en noviembre, antes de terminar su encargo, para lo cual se obliga a las comisiones legislativas relacionadas con la materia a coordinarse con esta comisión.
Dicha reforma, según el mismo documento que se leyó, mantiene la estructura legal de la legislación penal vigente desde 2004 y sus leyes complementarias, pero plantea englobar en seis apartados las figuras típicas (delitos) penales, distinguiendo entre las que requieren prisión preventiva, de acción penal a cargo de particulares, de tipo culposos para arreglos conciliatorios, de competencia municipal y de narcomenudeo, las cuales se pretende que sean las primeras en llevarse en juicios orales.
Entre los avances de los que se habla en la carta está la reforma constitucional aprobada por el Congreso local para independizar el Ministerio Público, pendiente de publicarse en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Un punto, el noveno, trata particularmente el caso del Instituto de Defensoría Pública y marca que su junta de gobierno será la encargada de proponer los cambios necesarios para ajustar su funcionamiento a la reforma penal.
Juan Arturo Muñiz Candelas, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) refirió, a dos años de la publicación de la reforma a nivel federal, que la instalación significa “el siguiente paso para concretar y dar seguimiento al proceso de cambio (…) para que los justiciables reciban justicia con calidad y transparencia” e informó que el Poder Judicial del estado tiene un avance en la capacitación de sus integrantes.
Mientras tanto, el presidente de la comisión de gobernación y puntos constitucionales en el Congreso, Roberto Padilla Márquez, indicó que la iniciativa que se presente será “una reforma integral” que baje a nivel estado las disposiciones federales de “elevar a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, la figura del arraigo en determinados ilícitos, un nuevo concepto de flagrancia, la definición de delincuencia organizada, la revisión de medidas alternativas de solución de conflictos, el fortalecimiento de las garantías de la víctima y la creación de la figura de los jueces de control”.
De la aprobación de los doce compromisos adquiridos por la comisión por parte de la SETEC y el Comité Técnico a nivel federal dependerá la agenda de trabajo que establezca el organismo estatal.
