Al escribir el nombre de este artículo vuelvo a constatar que hasta por orden alfabético las impugnaciones siguen a las elecciones. Es importante tratar este tema en este momento en que nuestro estado acaba de pasar por la Jornada Electoral y lee en los diarios y ve y escucha en las noticias que los partidos políticos están impugnando algunas de las elecciones.
El 4 de julio los ciudadanos de Aguascalientes salimos y votamos por quien queremos rija los destinos de nuestro estado, nuestro municipio y por quien queremos determine nuestras leyes por periodos de seis y tres años, según el caso. No salimos todos. A algunos le dio flojera o no estaban en la entidad o tuvieron que trabajar o… diferentes motivos y excusas. Algunos válidos para los demás, todos válidos para el propio ciudadano.
Muchos funcionarios de casilla, cinco mil trescientos sesenta para ser precisa, se presentaron a cumplir con un deber ciudadano y durante todo el día estuvieron recibiendo los votos de sus vecinos, amigos y familiares. La elección fue muy vigilada: por los representantes de partidos políticos, por el personal del Instituto Estatal Electoral, por el Consejo General, los 18 Consejos Distritales y los 11 Consejos Municipales, por las fuerzas del orden público, por 636 observadores electorales por los 51 notarios públicos que hay en la entidad, por los mismos 5360 funcionarios de casilla, por el personal de la FEPADE y finalmente, por los ciudadanos que acudimos a votar. Tuvimos una jornada electoral tranquila, digna de los habitantes de este pequeño gran estado.
Después de todo este trabajo y toda esta vigilancia muchos ciudadanos se preguntan en Aguascalientes: ¿Por qué las impugnaciones? Desde mi perspectiva: porque se puede, se necesita y se quiere. Paso a explicar: Se puede porque nuestro sistema legal lo permite y lo convierte en un derecho de los partidos políticos, los contendientes y los ciudadanos que al sentirse agraviados por los procedimientos y/o los resultados de la votación se manifiestan en una especie de derecho de audiencia, simplificando los términos por supuesto, donde explican en qué y por qué no están de acuerdo y cómo debería ser para que pudieran estarlo. Se necesita, porque al impugnar por la vía permitida por la ley, los contrarios se pelean en papel en lugar de recurrir a la violencia física y dejan que una institución (el Tribunal Local Electoral y posteriormente el Tribunal Federal Electoral) resuelva en forma pacífica y con argumentos basados en la legalidad, sin la cual no hay democracia. Se quiere, porque es un acto de voluntad no de obligación que el que impugna ejerce como un atributo más de su libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.
Podemos estar de acuerdo o no con las impugnaciones. Como ciudadanos probablemente queríamos dejar de oír del tema electoral –sobretodo en el radio y la tele- que volviera la calma a nuestro territorio y retomar nuestras vidas cotidianas. En el Instituto Estatal Electoral definitivamente queríamos que todos los candidatos, partidos políticos y ciudadanos aceptaran los resultados sin controversia, reconocieran las horas incontables de trabajo que le hemos dedicado al Proceso Electoral y deseábamos con ahínco no tener que armar expedientes interminables e informes circunstanciados complicados en relación con las impugnaciones y poder al fin dormir una noche continua sin sobresaltos. Sin embargo, impugnar es un derecho incuestionable del que impugna, derecho que respeto por convicción no por obligación. ¡A trabajar se ha dicho!
