- Proponen introducir mecanismo contra resoluciones administrativas
- Plantean además reformas a leyes favorables a grupos vulnerables del estado
Mediante una reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Aguascalientes presentada ayer ante el pleno del Congreso local, se pretende introducir el recurso de revisión como medio de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para los particulares que sean sancionados administrativamente y establece la afirmativa ficta en caso de silencio u omisión del Tribunal en su respuesta.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el legislador de Convergencia Juan Manuel Flores Femat, “existen ocasiones en que el recurso de revisión es interpuesto en contra de actos o resoluciones de organismos autónomos por disposición expresa de leyes que le son aplicables a dichos organismos y, en el caso de que se dicten resoluciones contrarias a los intereses de los particulares, éstas no son impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por no estar contempladas (…) en la Ley del Procedimiento Administrativo del estado, por lo que se hace necesario establecer la procedencia del Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones que se dicten en el recurso de revisión”.
Se menciona como uno de los objetivos de la propuesta el de establecer “las fases mínimas” que deben componer el procedimiento de este recurso y que la autoridad a la que corresponda resolverlo quede obligada a hacerlo en un plazo máximo de 30 días o de lo contrario, “se entenderá que el mismo fue resuelto en sentido afirmativo”.
Dentro de las modificaciones de fondo que plantea la iniciativa, se encuentra además la de obligar a las administraciones públicas centralizadas y descentralizadas del estado y de los municipios de Aguascalientes, así como a “otras personas cuando actúen como autoridad”, a abrir “ventanillas únicas” que funcionen las 24 horas del día para recibir “promociones o solicitudes que estén sujetas a término o plazo de vencimiento”, eliminando la sujeción de peticiones o trámites a los horarios de oficina.
Una vez que la iniciativa sea avalada en comisiones y por el pleno, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Oficial del Estado.
En materia de asistencia social, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa reformas a diversos artículos de la Ley para la protección de los Adultos Mayores del estado mediante la cual obliga al sistema DIF estatal a promover la creación de albergues y otros establecimientos de atención al adulto mayor, distinguiendo funciones entre los diferentes tipos de instituciones.
Además, propone responsabilizar al Instituto de salud del estado (ISEA) de verificar que todos estos establecimientos se apeguen a la Norma Oficial Mexicana que las regula, haciendo énfasis en la adecuación de las instalaciones a las necesidades de los beneficiarios.
Por su parte, el Partido Verde Ecologista (PVEM) propuso reformas a la ley de Integración de las personas con discapacidad a fin de que se defina este término, se incluya a las personas que la padecen dentro de los grupos sociales en condiciones de desventaja, además de normar los actos que se considerarán discriminación.
