- Afirma que hay recursos técnicos, humanos y materiales para que funcione
- Busca evitar que los diputados negocien con otros poderes a través de la cuenta pública
Con la finalidad de que “vayan a la cárcel todos los funcionarios que desvíen el dinero público” y evitar en lo posible la negociación entre diputados y otros poderes con las cuentas públicas, Nora Ruvalcaba Gámez presentó ante el Congreso local la iniciativa de reforma Constitucional para crear una “unidad de auditoría forense del Órgano Superior de Fiscalización del estado”, facultada para denunciar ante el Ministerio Público el delito de fraude en el ejercicio de los recursos públicos.
Primero en rueda de prensa y después en tribuna, Ruvalcaba Gámez propuso reformar el artículo 27 A de la Carta Magna local, a fin de crear esta unidad facultada y capacitada para investigar a través de “la recopilación de pruebas documentales, registros, contabilidad, informes financieros, documentos electrónicos, transacciones vía electrónica, interpretación de balances, cruces de información con inventarios, proveedores, clientes y personas vinculadas con el ejercicio del gasto público” y que “tendría la facultad- porque ya tendría todas las pruebas- de presentar directamente ante el Ministerio Público la denuncia penal, en caso de desvío de recursos”.
Dicho acopio de indicios se obtendrá de “revisar los equipos informáticos de las diversas dependencias públicas, donde se puede filtrar a particulares información clasificada del crimen organizado, recuperar archivos borrados (en los) que se detecten irregularidades en el manejo de los recursos públicos”.
Esta unidad, añadida a las que ya integran el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), “no se limitará a los hechos de corrupción administrativa: minimizará la impunidad” y subsanará “las profundas limitaciones de las contralorías internas en los tres órdenes de gobierno” por medio de auditores “con conocimientos jurídicos en el terreno de la investigación legal, que se destaquen en el terreno de acopio de pruebas y evidencias que hagan posible determinar la existencia de un delito y cuantía en el inicio de un proceso en contra de los infractores de la ley”.
Y es que, según la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aún cuando el OSF ha ordenado resarcimientos y apertura de procedimientos sancionatorios en contra de funcionarios responsables de las irregularidades en las cuentas públicas del estado, los municipios y organismos autónomos, el Congreso sólo le da seguimiento “al pago de facturas, a los acuerdos en lo oscurito y las concesiones que mutuamente se dan”.
Explicó que la nueva unidad de auditoría “tiende a que vayamos avanzando en planeación”, pero requiere de otras reformas y leyes, como la del propio OSF, que sigue pendiente y la tipificación de delitos “que son propiamente vinculados al indebido ejercicio del servicio público”.
La legisladora perredista aseguró que el OSF cuenta con los recursos técnicos y humanos para llevar a cabo esa tarea y mucho más con recursos económicos, pues hay una tendencia federal de fortalecer los presupuestos para la fiscalización del gasto y que, de aprobarse la reforma, Aguascalientes sería la primer entidad en contar dentro de su organismo superior de fiscalización con apego a “normas internacionales de auditoría, contabilidad e información financiera para hacer frente a los nuevos delitos que usualmente comprometen la misión de un auditor”.
