- El dictamen se aprobó en reglamentos, falta la de servidores públicos
- Por deficiente, rechazaron propuesta de crear sistema de evaluación
La reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Aguascalientes que aprueba que los diputados entreguen su declaración patrimonial en la contraloría interna del Poder Legislativo avanzó ayer con el aval de la comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias en el Congreso local y fue turnada para su análisis a la de servidores públicos.
El dictamen que contiene la propuesta del PRI para modificar el artículo 109 de esa legislación fue avalado por unanimidad de los diputados Nora Ruvalcaba (PRD), Fernando Palomino (PRI), Jesús Martínez (PAN), Juan Gaytán (PVEM) y Juan Manuel Flores (Convergencia), y permitirá que “cada uno de los poderes tenga su contraloría y ahí se presenten las declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y de conclusión”, según apuntó este último.
Flores Femat aclaró que en el caso de las dependencias de gobierno “la Contraloría General del estado absorbe a todo el poder ejecutivo, incluyendo a todos los organismos descentralizados, como hospital Hidalgo, Instituto de Vivienda, etcétera”, mientras que el Poder Judicial y el Legislativo, declararán ante sus órganos internos de control.
Una vez analizada por la comisión de los servidores públicos y avalada luego por el pleno en alguno de los períodos extraordinarios, dijo, la reforma entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) “por la transferencia de información que se tiene que dar entre poderes”.
Durante la misma sesión, la comisión de reglamentos rechazó la iniciativa de obligar a los legisladores a contar con una oficina de gestión en el distrito al que representen, argumentando que para esa función, conforme a la ley, no es necesario un espacio físico individual porque existe una oficina de gestión social que presta servicio en forma institucional.
Rechazaron también la constitución de un consejo ciudadano que se encargara de la evaluación y vigilancia del desempeño legislativo, al considerar que “presentó varias deficiencias” cuando “requería de una propuesta muy concreta de metodología para evaluación y de los alcances que tendrían los resultados de la misma: simplemente decía que se someterían a una evaluación, que habría indicadores y quiénes la llevarían a cabo”.
A pesar de ser aprobada en sentido negativo, Flores Femat previó que el promovente, el panista Jaime Pérez Camacho presentará un alcance o impulsará una nueva iniciativa en el mismo sentido e incluso coincidió en que es necesario un sistema de evaluación de la labor legislativa, pero que supla las carencias que la desechada mostraba.
Otra más de las iniciativas frenadas en comisión fue una que pretendía norma el retorno de los diputados que pidieran licencia. En su análisis, el argumento para rechazarla fue que ese derecho ya se establecía en la Constitución.
