- Mediante talleres y una encuesta ciudadana la vieron en cargos administrativos y policías
- La detectan junto con falta de seguimiento y de difusión a las políticas públicas
La corrupción de las instancias públicas fue parte de lo que brotó en el diagnóstico vertido en el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo de Aguascalientes. A consecuencia de ese mal en la administración pública, se planteó un escenario estatal actual que tiende a facilitar la inseguridad, según consta en el propio documento que incluye los resultados de los talleres con la sociedad civil organizada y una encuesta a ciudadanos aguascalenteses.
Al analizar el eje “Seguridad, Justicia y Gestión Gubernamental”, con base en la encuesta y los talleres, se enumeraron 10 puntos que enmarcan la problemática general detectada: “marco normativo anacrónico, falta de vinculación, de cultura cívica en la población, desintegración social, cultura bucrocrática, servidores públicos no capacitados, falta de seguimiento en la política pública, falta de difusión de las políticas públicas, corrupción y situación económica”.
La corrupción apareció al diagnosticar los “problemas que tienen relación directa con la estructura, personal y procedimientos administrativos del gobierno estatal”, donde la ciudadanía consideró que “en el ejercicio gubernamental no se diferencia el fin público del fin privado”; también observó que hace falta un avance tanto en la población civil como en los políticos en materia de transparencia y percibió además “corrupción dentro de los cuerpos policíacos”.
Con base en estas observaciones, el Plan de Largo Plazo contempla el escenario tendencial de la entidad; es decir, hacia dónde se dirige si no corrige estas observaciones. En él se reconoce que “los esfuerzos aislados por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la corrupción en instancias públicas y en la sociedad, dificultan el control del estado de las organizaciones delictivas, situación que desincentiva la inversión nacional y extranjera en el estado y propicia la fuga de capital local”.
Se admite la existencia de “compromisos políticos (que) se colocan por encima de la voluntad política para realizar cambios de fondo en administración pública, sobretodo los relacionados con el recurso humano”, lo que hace necesaria la regulación y adopción del servicio civil de carrera, a fin de que quienes ocupen los cargos públicos sean personas especializadas y con experiencia.
El aparato burocrático estatal, se lee en el documento, se sigue “manteniendo la duplicidad de funciones y organismos o dependencias con más personal del requerido para el cumplimiento de sus facultades”.
Se indica que “el personal que encabeza y trabaja en la administración pública, no cumple el perfil necesario para sus funciones, lo que propicia la adopción de políticas y programas ineficientes, carentes de visión y delimitación de objetivos, metas y esquemas de seguimiento, que favorecen prácticas de corrupción, y que contribuyen a la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno y a prácticas de informalidad y evasión fiscal”.
El “desencanto” en la población y “propicia menores índices de participación electoral, favorece escenarios de ilegitimidad en los gobiernos locales y dificulta la generación de acuerdos entre las diferentes fuerzas y grupos políticos en pro de las acciones requeridas para el desarrollo del Estado”.
