- Ellos se apegarán a lo que marca la ley
Ante todo el estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos aunque los diagnósticos en este tema no sean nada halagüeños en el caso de México, comentó Omar Williams López Ovalle, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el marco de la reunión a la que fue citado para hablar sobre la postura de este organismo ante las reformas del estado para el cumplimiento del decreto relativo al narcomenudeo.
Ante el cuestionamiento de si estas personas bajo su condición merecían ser defendidas por la CEDH, la respuesta fue, “todos los ciudadanos mexicanos y ciudadana mexicanas están protegidos por la constitución (…) es lo que se conoce como el debido proceso es decir, y esto lo definió con absoluta claridad el sociólogo Max Webber que decía cuál es la diferencia entre una cachetada que te da un ladrón y la que te da un policía, si duelen igual, la diferencia es que el estado tiene el uso legítimo de la fuerza”.
Finalmente para el defensor de los derechos humanos, si el estado se comporta como un ladrón entonces se habla sólo de bandoleros y es por esto que tiene que haber respeto a los derechos humanos en un proceso de esta naturaleza.
Como en anteriores ocasiones como se dio con los delincuentes, la CEDH no entrará en la discusión de si la defensa de los derechos humanos de quienes sean acusados de narcomenudeo significa que ellos están protegiendo a quienes cometen actos ilícitos o estén de acuerdo con las acciones ilegales, solamente van a cumplir con la obligación de velar por los derechos básicos.
Desde la perspectiva de López Ovalle más que implementar los juicios orales específicamente para los casos de narcomenudeo debería pensarse en empezar a partir de la impartición de justicia de manera tradicional como se ha trabajado hasta ahora y posteriormente buscar el cambio de manera paulatina pero pensando en todo el sistema judicial.
Para sustentar la postura de la CEDH, el titular de la comisión mencionó que quienes actualmente son adictos a las drogas tienen antecedentes de desintegración familiar y tienen además un problema de valores pues su escala está fundada en otro tipo de cuestiones que no son las que rigen al resto de las personas, ni en su cuidado personal ni en la convivencia con los demás.
Aseguró por otra parte que deben protegerse también los derechos fundamentales y principalmente la vida de los jueces, magistrados y toda la gente del sistema judicial que estará involucrada con el seguimiento de estos casos para evitar perder vidas a manos de la delincuencia organizada.
Luego de concluida los diputados coincidieron en que la participación de la comisión debe ser constante y muy cercana porque seguro habrá denuncias por violaciones a los derechos humanos por algunas cuestiones que consideraron quedaron en el aire en el decreto y será necesario que cada estado al momento de hacer las adecuaciones lo tomen en consideración.
