- Celebran que pronto queden obligados a inscribirse a “cadenas productivas”
- A las que se colaban a padrón de proveedores, las castigaban reteniéndoles el pago, dicen
A 18 días de haberse aprobado las reformas a las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Patrimonial del estado que permiten el cobro anticipado de PYMES proveedoras a los gobiernos estatales y municipales, representantes del sector empresarial de Aguascalientes se quejaron ante legisladores de la falta de transparencia y redes de corrupción en las transacciones con algunas de esas administraciones.
En reunión con la comisión de desarrollo económico en el Congreso del estado para analizar propuestas que mejoren el marco jurídico del mecanismo de cadenas productivas o factoraje electrónico a nivel local, el empresario José Manuel Gómez Marmolejo les dio un visto bueno, pero cuestionó si serán aplicadas a cabalidad por las dependencias y entidades de gobierno.
“Sabemos que existe una red de corrupción en las oficinas gubernamentales, salvo excepciones –porque más bien es la constante-, y tienen muchas argucias; dicen: yo te pago a siete días… sí, nomás que la factura tiene 90 días pasando de oficina en oficina y deteniéndose hasta en las copiadoras”, denunció.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el estado, Salvador Esqueda Esqueda, aseguró que una vez que esto entre en vigor, habrá “más transparencia” en la adjudicación de contratos de los gobiernos con pequeñas y medianas empresas que no sean “las consentidas”, pues se daba que “si tú te metiste (al padrón de proveedores) a través de una licitación pública donde no te puedo negar el paso, pues mejor te castigo con el pago; a lo mejor ese cheque lo tengo guardado en el cajón y no te lo hago llegar”.
Además, aseguró, el factoraje electrónico ofrece mayor liquidez a las empresas, lo que redunda en un aporte a la reactivación económica al “darle más vueltas a ese dinero”.
También el titular del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Felipe González Ramírez, vio que estas modificaciones legales “va a transparentar los recursos públicos y se van a evitar muchos vicios nocivos que se daban de corrupción para el pago de las facturas al proveedor”.
Por su parte, el diputado de Convergencia Juan Manuel Flores Femat reconoció que los pagos de gobierno y ayuntamientos a sus proveedores actualmente se hacen con retraso en el 90 por ciento de los casos y que estos casos, “independientemente de que no tengan contrato, el Código Municipal, en el caso de Aguascalientes y la mayoría de los municipios (…), hay responsabilidad patrimonial definitivamente o por lo menos se podrían cobrar intereses legales, pero yo creo que sí es una práctica constante”.
Flores Femat consideró necesaria una reforma que establezca claras consecuencias, particularmente en el caso de “obra pública y servicios relacionados con ella”, porque usualmente lo que pasa con ese dinero es que las administraciones “lo chicanean” y termina por haber grandes desfalcos a las arcas públicas.
Con las reformas avaladas, el gobierno del estado y los once ayuntamientos quedan obligados por ley a inscribirse al programa Cadenas Productivas de NAFINSA, cuyo titular, Benjamín Salas, explicó que tienen que subir a la página web de la financiera la factura en cuanto la reciban y entonces el proveedor puede cobrarla. NAFINSA deposita el dinero en una sucursal bancaria y se encarga de cobrar a las administraciones.
