- Será la LXI legislatura la que fiscalice esos proyectos
- Pasaron de ocho a dos porque se decidió darles mayor equipamiento, argumenta
Será la LX Legislatura y no la que está en funciones y que aprobó el endeudamiento que se solicitó para esa obra, la que fiscalice y vote los gastos de las secretarías de obras públicas (SOP) y seguridad pública (SSPE) en las dos casetas de control de acceso al estado.
Alberto Solís Farías, presidente de la comisión de vigilancia de la contaduría mayor de hacienda, justificó que “la cuenta pública se revisa por principio de posterioridad (…), ahorita se está realizando justamente la construcción de las mismas”, aunque el recurso se autorizó el año pasado.
La actual legislatura aprobó en 2009 un endeudamiento de 390 millones de pesos, de los cuales 80 se destinarían a la construcción de ocho casetas de seguridad; durante la glosa del quinto informe de gobierno se informó que habiéndose gastado ya el 75 por ciento de esa partida se concluiría sólo una caseta –la del norte- y se iniciaría la del sur.
Refiriéndose a esta situación, Solís Farías argumentó que “cambia la dinámica (…): en aquel momento las aduanas nada más consistían lógicamente en una aduana de paso, con algunas cámaras, pero sin mayor infraestructura”.
“Sin embargo, se da un giro y establecen determinar dos aduanas, pero que cuenten justamente con áreas de revisión, con cámaras, con pistolas que te puedan dar el registro vehicular, con pistolas atómicas que pueden detectar droga o químicos a larga distancia, con básculas de seguridad que establecen cuando un vehículo es más pesado de lo común”, añadió.
El legislador consideró estas modificaciones “loables”, pero admitió que serán los próximos diputados quienes constaten si el gasto se destinó a todo este equipamiento.
Mientras tanto, dijo, los auditores del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) han mostrado que pudiera ser en octubre cuando entreguen los informes de auditoría a la comisión de vigilancia para que pueda subir las revisiones de los ejercicios fiscales de 2009 y primer semestre de 2010.
Sobre el mismo tema habló también el secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes.
“Estamos tratando de impulsar que la situación de cuenta pública sea materia o parte del orden del día de este (segundo) periodo extraordinario, pero es decisión, y así lo respetamos nosotros, del propio poder legislativo”, afirmó Pérez Talamantes entrevistado al término del informe de actividades del Instituto de Transparencia.
Tanto el funcionario estatal como el legislador señalaron que las observaciones de 2009 y 2010 ya fueron solventadas y por tanto estimaron que los dictámenes de cuenta pública podrían estar resueltos pronto.
El titular de SEGGOB expresó, relacionando el tema con la transición entre administraciones, que “sería ideal” que para le entrega recepción los dictámenes quedaran aprobados.
