- Los diputados ratificaron que nadie gane más que el gobernador
- Los actuales miembros del STJ conservarán la nómina hasta que terminen encargo
El Congreso del estado aprobó ayer, en su primer período extraordinario, reformas a la Constitución local que limitan sueldos y percepciones excepcionales de los magistrados y jueces del Poder Judicial del estado, los más altos del estado, y que establecen que a partir del próximo año ningún funcionario público gane más que el gobernador.
Por unanimidad, los diputados incluyeron en la Carta Magna del estado que "ningún servidor público podrá recibir remuneración (…) por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el gobernador del estado en el presupuesto correspondiente y éste a su vez no podrá percibir un ingreso mayor al del presidente de la República en términos de lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Los transitorios validaron que los magistrados y jueces conserven la nómina que hoy tienen hasta que terminen el encargo, pero que al año siguiente de la entrada en vigor de la reforma, "las gratificaciones, premios recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie" se otorgue por un monto que no supere las percepciones del jefe del ejecutivo estatal.
De este modo, los magistrados que se unan al STJ cuando esto cobre vigencia dejarían de recibir los más de 77 mil pesos de sueldo que perciben, mientras que los salarios de jueces ya acatan la disposición; sin embargo, en ambos casos se revisarían otras percepciones como despensa, vales de gasolina y ayudas de renta y transporte.
Por remuneración se entenderá legalmente "toda percepción en efectivo o en especie", lo que abarca "dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones".
En cambio, excluye "los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales" y tampoco contempla jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones, préstamos o créditos que no contemple la ley ni servicios de seguridad privada "que requieran los servidores públicos en función de su encargo".
Con esta modificación, los tres poderes estatales -incluyendo entidades y dependencias-, los ayuntamientos y los órganos autónomos que reciban dinero del erario y cuya existencia reconozca la propia Constitución del estado –lo que deja fuera al Instituto de Transparencia-, quedan obligados a incluir en sus proyectos de presupuestos "los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos" y deberán diferenciar entre cada uno de sus componentes.
Una vez aprobada esta propuesta, que la Legislatura completa celebró, la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nora Ruvalcaba Gámez, la consideró tardía e incompleta, pero apuntó que obliga a los gobernadores "a ser proporcionales a lo que representan".
La modificación, dijo, "no nos exime, de todos modos, de los altos salarios. Sigue habiendo una partida presupuestal muy alta de los funcionarios de primer nivel, que es riesgo laboral (…) que debiera también desaparecer porque es parte de las prebendas de las que no goza la clase trabajadora".
De acuerdo con lo que reportan los portales de transparencia del gobierno del estado, el sueldo base mensual de Luis Armando Reynoso es de 56 mil 715.86 pesos, en tanto que el de Felipe Calderón es de 40 mil 766 pesos.
Con la cuota de riesgo laboral y sin que se desglosen sus percepciones de aguinaldo, prima vacacional, seguridad social y otras, la percepción del mandatario estatal sube a 127 mil 879.76 pesos, mientras que la de Calderón llega a 167 mil 804.92 pesos.
