La pregunta con que tituló su editorial del 19 de septiembre el Diario de Juárez, ¿Qué quieren de nosotros?, va más allá de un grito de angustia por el asesinato de dos de sus periodistas, pone de manifiesto el riesgo mortal que corren los reporteros por el simple hecho de realizar su trabajo, el grado de indefensión en que el gobierno ha dejado al periodismo al emprender el combate al narcotráfico. Mientras que la respuesta del vocero del gobierno federal en materia de seguridad, Alejandro Poiret, demuestra la incompetencia de las autoridades para explicar sus acciones, la falta de capacidad para generar un discurso que otorgue certezas, que logre tener a la población como un aliado.
La preguntas del Diario de Juárez dirigidas a los “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza” son bien claras, piden que se le “expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.” No debería existir confusión alguna. La claridad con que demandan señales no merecía la respuesta mezquina del gobierno de presumir que el motivo más probable del asesinato del joven fotógrafo responde más a cuestiones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”. Mucho menos la censura del posicionamiento del periódico y, de pasada, una advertencia para todos: “No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales, que son justamente los que provocan la angustia de la población”.
Si bien que un medio se dirija a las organizaciones criminales mediante una editorial es un acto inusitado, la respuesta gubernamental deja claro que en la guerra contra el narco los daños a la sociedad seguirán siendo considerados como meros daños colaterales. Parecería evidente entender la pregunta como una necesidad de información, un saber a qué atenerse, no como un acto de sumisión, porque ese es un cuestionamiento que muchos se están haciendo. El restaurantero que es obligado a pagar una renta por el derecho a abrir su local, el taxista que tiene que transportar a un dealer, el vendedor al que se le cobra derecho de piso, el vecino al que se le exige que guarde silencio, elija el ejemplo que quiera de las múltiples situaciones en que a un ciudadano se le impone la obligación de “colaborar”, el final es el mismo: ¿Qué quieren de nosotros?
Si incluso en el juego más trivial se pide que de antemano se establezcan las reglas para saber a qué atenerse, cuando se corre el riesgo de perder la vida, de ser secuestrado, agredido en la forma que sea, es natural que se pida una explicación.
Sin embargo, el gobierno no lo entiende así, obligado al combate a las organizaciones criminales, con una estrategia que sólo se basa en el despliegue policiaco y el uso del ejército, se ha hecho acreedor de todas las críticas posibles (fundamentadas o no) y ha perdido la capacidad de interlocución con la sociedad, obstinado en la respuesta monosilábica ha construido un círculo vicioso que nunca aclara las dudas, siempre antepone la imperiosa necesidad de acabar con la inseguridad.
No son pocos quienes señalan que si “antes estábamos mejor” era gracias a que entre la delincuencia y el gobierno se realizaban acuerdos, se pactaban treguas, a que las autoridades asumían un papel de árbitro entre los diversos cárteles para cuidar que se respetaran los territorios. Enseguida, quien lo apunta, propone como salida permitir esa mínima corrupción a cambio de acabar con la inseguridad. Parece lo más sencillo, el recrudecimiento de la violencia pareciera validar el argumento de que es necesario negociar con el crimen organizado. Si no puedes con ellos, úneteles, déjalos “trabajar”, es una salida aparentemente tan simple que no se entiende cómo es que las autoridades no lo hacen. El temor del gobierno a caer en la tentación es tan grande que se explica (no se justifica) la respuesta insensible, brutal, a lo planteado en la editorial del Diario de Juárez, de ahí la acusaciones, el león cree que todos son de su condición.
Sin embargo, el camino simple no es la solución, no hay pacto posible que no ponga en riesgo la aspiración democrática del país, más importante aún, ningún acuerdo garantizará la seguridad de los ciudadanos.
¿Hay salida posible? La solución está en la pregunta de la editorial tantas veces citadas: ¿Qué quieren de nosotros?, en la medida que el gobierno pueda construir el diálogo indispensable con la sociedad, se podrá dar cuenta que no se trata de combatir la inseguridad, sino de establecer las condiciones necesarias que garanticen la seguridad de todos los habitantes, así: educación, empleo, certeza económica, seguridad social, más que piezas de un discurso gastado, se pueden transformar en parte de una estrategia en la que todos estemos involucrados. n
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