- Comparecieron procurador y síndico ante la comisión de justicia en el Congreso
- A juicio de la institución, el funcionario es probable responsable de falsificación
El procurador de justicia del estado, Edgardo Valdivia, ratificó ayer ante la comisión de justicia del Congreso local la solicitud de juicio de procedencia en contra del síndico de Hacienda del municipio capital, Joel Castañeda Guerrero, y pidió a los diputados consideren resolver a favor, pues a su juicio las pruebas aportadas hasta el momento sí hay probable responsabilidad del funcionario.
Por su parte, Castañeda Guerrero se declaró inocente de falsificación de documentos, uso de documentos falsos y uso indebido del servicio público, así como el hecho de haber sustraído una copia de la credencial de elector del alcalde Adrián Ventura y tener conocimiento, en abril de este año, de la falsedad de los documentos con los que adquirió dos camionetas de lujo.
“A finales del mes de marzo de este año estuve en pláticas con el licenciado Adrián Ventura, solicitándole la posibilidad de que hiciera una firma como aval de unos vehículos que, en su momento serían adquiridos por una empresa para la cual se colabora en relaciones públicas -y eso atendiendo a la amistad que guardo con él, además de los lazos de amistad-, a lo cual accedió”, declaró el síndico ante los diputados.
Explicó que se trata de la empresa comercializadora de bebidas alcohólicas Multiservicios y Proveedores de Aguascalientes, de la que aseguró no recibir remuneración alguna de ese negocio y admitió la posibilidad de haber usado y estacionado uno de los vehículos que esa empresa compró en AP Automotriz.
El legislador César Cervantes, respaldado por el presidente de la comisión, el priísta Enrique Rangel, le cuestionó si sentía persecución política en su contra.
Los abogados de Castañeda no respondieron directamente que sí, pero calificaron el asunto como “mediático” y cuestionaron el proceder de la PGJE a dos meses de que Joel Castañeda termine sus funciones y pierda en consecuencia el fuero, además de aclarar que es una copia de la identificación del IFE de Ventura y que las camionetas están de hecho pagadas.
“En base a lo que aclara la Procuraduría en torno a presunciones, yo dejaría aquí una presunción: sabemos cuánto va a tardar este asunto para que se lleve a cabo el juicio de procedencia y se dicte el desafuero (…), los tiempos alcanzan perfectamente para que el contador (Castañeda) termine su función; yo creo que dos meses que hubiera esperado la Procuraduría, en enero, pudo haber aplicado esta situación y tener una cuestión más exhaustiva de sus indagatorias. De ahí puede desprenderse si realmente es un perseguido político o no”, defendió el abogado Enrique Lomas Torres.
El procurador explicó que por ley, la PGJE debe actuar de inmediato tras presentarse la denuncia, como en este caso hizo el presidente municipal contra quien resulte responsable.
Precisó que Castañeda no está siendo ya declarado culpable, sino que los documentos, testimoniales y otras pruebas hacen probable su responsabilidad y, aunque no reveló nombres, señaló que no es el único implicado, pero descartó de momento que el secretario particular de Ventura esté como indiciado o probable responsable.
La comisión de justicia, que llevó la comparecencia en 50 minutos, tendrá 30 días para resolver, por lo que se prevé sea la siguiente legislatura la que tome la determinación definitiva.
