- Piden copia de exámenes aplicados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes
- Demandan órganos garantes fortalecimiento y reconocimiento de sus facultades
El Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA) resolvió ayer dos recursos de inconformidad, uno de ellos relacionado con el proceso de selección de sus actuales
comisionados, que se llevó a cabo en el Congreso del estado durante la pasada legislatura.
Por unanimidad, la junta de gobierno del Instituto aprobó confirmar la negativa del Poder Legislativo a entregar a una ciudadana copia simple de los exámenes que el departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aplicó el 17 de septiembre a los aspirantes a encabezar esa institución.
“Analizando este instituto el trato que se le dio a la solicitud de información de la quejosa, se determina que la responsable (el Congreso) actuó con apego a derecho, reasignando la solicitud a la autoridad competente”, determinó el ITEA.
La resolución se tomó en virtud de que la unidad de enlace del Congreso argumentó en su informe justificado haber recibido únicamente los resultados de los aspirantes y, al no tener los documentos originales que se pedían, reasignó la solicitud a la unidad de enlace de la UAA, que será ahora la que deberá resolver.
“Con fecha 20 de septiembre, se informó por parte de la comisión parlamentaria mencionada que sólo le fueron turnados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, más no los exámenes como tal. Asimismo, la autoridad responsable señala que el Congreso signó un convenio con la UAA mediante el cual se acordaban las formas y términos en las que se realizarían los exámenes (…) los mismos se encuentran reservados en virtud de un convenio de colaboración entre la Universidad y la legislatura”, leyó el comisionado ponente Ángel Hernández Arias.
Por otro lado, se sobreselló el recurso que se interpuso contra la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE) por no dar acceso en los términos solicitados información acerca de las empresas de seguridad privada con funcionamiento en la entidad, datos que en el transcurso de la resolución del recurso le fueron entregados.
Según la ponencia de la comisionada María Elena Martínez López, el argumento del solicitante para recurrir la respuesta había sido que por obligación la Secretaría debía publicar la lista de empresas con número de registro, tipo de servicio y dueño y que, si todas las empresas se encuentran al corriente en trámites y permisos, no tendría por qué haber ninguna en proceso de regularización.
Con el informe justificado de la dependencia se confirmó que la información solicitada llegó a sus manos.
Demandan institutos de transparencia reconocimiento a sus facultades
En el apartado de asuntos generales se recibió y leyó un oficio enviado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que agrupa a los órganos garantes del país, solicitando a los gobiernos federal y de los estados el reconocimiento a sus facultades y su fortalecimiento, para evitar atrasos en materia de acceso a la información pública.
“A pesar de los muchos beneficios de la transparencia y el acceso a la información, en algunos estados de la República se han suscitado acciones encaminadas a revertir los avances registrados, ya sea por la vía de los hechos o por reformas legales (…) Esta oposición a la transparencia ha llevado a que ciertos gobiernos municipales y estatales de diferentes ciudades busquen y en ocasiones encuentren atajos legales para no cumplir con su información de proporcionar la información que por mandato constitucional el pública”, se leyó en parte del escrito.
