12/07/2020


En el principio fue el Napster, el fenómeno de intercambio de archivos MP3 entre personas (P2P) que logró millones de usuario y aunque no fue el primero, sÍ es el símbolo de una serie de hechos que van a marcar la propiedad intelectual en la era digital: llamó de manera preponderante la atención de las grandes empresas, que interpusieron juicios para detener el éxito que amenazaba a la industria; fue una de las primeras banderas que movilizó a  la comunidad internauta en defensa de sus derechos; polarizó al sector cultural entre los que apoyaban la causa (The Offspring) y los que la denostaban (Metallica). En el 2001 Napster fue cerrado, pero el daño ya estaba hecho: aparecieron programas que emulaban sus funciones, la batalla digital entre el copyright y el copyletf había comenzado. 
En la actualidad, son miles los sitios que permiten no solo el P2P sino el llamado streaming, es decir ver directamente en internet sin necesidad de descargar el producto, como el caso de YouTube y Megaupload.  En nuestro caso concreto, el cine se ha trasladado de las salas cinematográficas a las pantallas de computadora, por ejemplo Avatar de James Cameron registra cerca de 16 millones de descargas.
 Frente a este panorama, las empresas y los gobiernos, en especial aquellos que representan los intereses más importantes, continúan emprendiendo acciones legales para impedir la existencia de sitios de distribución de propiedad intelectual, sobre todo en contra de aquellos que se amparan en la legalidad, pues en algunos países los jueces han avalado esta situación. Es importante acotar este punto, pues no toda la descarga en internet es piratería; nuestra Ley Federal de Derechos de Autor señala claramente en su artículo 148 que es permitida la “Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro”. Este es el quid del derecho a la cultura, ser universal, permitir a cualquier su acceso sin necesidad de un pago de por medio.
La ciberguerra provoca que los gobiernos y empresas ataquen a los sitios de Internet, y estos a su vez emigren de un lugar a otro, evadiendo, buscando esos paraísos digitales libres de presiones gubernamentales, parecidos al que idean los personajes de la interesante novela de ciencia ficción Criptonomicon de Neal Sthepenson, ganadora del reconocido premio Locus. Un caso emblemático es el de www.sdd-fanatico.org que libra una continua lucha cambiando de dominio en dominio, pero manteniendo una enorme y vasta cantidad de material audiovisual para ser descargado o visto en línea de manera gratuita. 
La última batalla se ha librado en territorio español: el gobierno envió al parlamento la llamada Ley de Economía Sostenible, que contiene una norma denominada popularmente Ley Sinde, que creaba mecanismos rápidos y administrativos para cerrar webs que permitieran el intercambio de propiedad intelectual; son varias las páginas españolas que de manera abierta permiten el acceso a aquella, una de las más relevantes por la cantidad de material que alberga es www.seriesyonkis.com
Sobre el ring del debate en España, en una esquina los creadores, abanderados por íconos representantes de diversos sectores culturales, desde los poperos Alejandro Saenz y Miguel Bose, el cineasta Alex de la Iglesia, escritores de la talla de Fernando Savater y Enrique Vila Matas y, obviamente, la embajada norteamericana, que como se descubrió gracias al celebérrimo Wikileaks, presionaba al gobierno español para lograr una ley de esa naturaleza. En el otro bando, apareció de nueva cuenta la cibercomunidad organizada, sin rostros concretos, cientos de aguerridos cibernautas se lanzaron a las calles de la aldea global a protestar por algo que consideraban suyo. Lograron el apoyo de las fuerzas políticas del parlamento de tal forma que el gobernante PSOE quedó solo y no pudo lograr la aprobación de la propuesta.
Independientemente de las cuestiones jurídicas que tendrán que ser debatidas, la sociedad civil deberá estar pendiente para evitar que las empresas continúen en su lucha por aumentar su lucro, limitando el derecho a la cultura. Y no me refiero a la piratería, la que debe ser combatida con todo el poder del Estado, sino a los mecanismos que han tratado de implementar para ampliar su margen de ganancia: limitación del derecho al acceso sin fines de lucro, la creación de impuestos sobre materiales para reproducción, en México los editores pidieron que en todas las fotocopias que se expidieran se cobrara un sobreprecio a fin de compensar la piratería.
    El derecho a la cultura es el simiente que permite a los humanos la mejora continua, sólo ella nos hará libres. La forma de afirmarla es buscando un equilibrio entre el derecho del creador a un lucro justo y temporal y la posibilidad de compartir el conocimiento a todos.
rubendiazlopez@hotmail.com

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