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Cambio de metodología para la medición de personas con discapacidad
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Creación del centro de excelencia para estadísticas de gobierno y seguridad pública
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5 mil 400 millones de pesos fue el costo del censo.
En rueda de prensa, Eduardo Sojo, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), habló acerca de la medición de la población con algún tipo de discapacidad, ya que es un tema en el que ha existido inquietud de parte de las organizaciones no gubernamentales y de algunos analistas hacia las cifras resultantes de los censos de población. El titular señaló que el INEGI participa en el grupo de Washington, el cual busca identificar “la mejor metodología para medir a las personas con discapacidad”, siendo ésta la que se utilizó en el Censo de Población y Vivienda 2010, y que arrojó la cifra de 5.1% de personas con alguna discapacidad del total de la población.
Mencionó que hay quienes afirman que el porcentaje real es del 10%, por lo que se realizó una investigación para ver de dónde se había obtenido tal resultado, encontrando que dicho 10% surgió en 1974, con la información que se tenía en el momento. Indicó que en documentos recientes, como el del PNUD, se ubica que el 5.2% de la población a nivel mundial tiene alguna discapacidad, por lo que existe gran consistencia por lo arrojado en el censo del INEGI. Agregó que se debe hacer próximamente un registro de personas con discapacidad, lo que permitiría, dijo, individualizar y atender de mejor manera a estas personas, además de realizar una encuesta a profundidad sobre sus limitaciones, en donde los especialistas en el tema sean los encuestadores.
Sobre la materia de inseguridad, dijo que no había sido un tema de prioridad para el Instituto, pero que se están haciendo esfuerzos “más allá de lo que cualquier otro instituto de estadística en el mundo hace”, refiriéndose a que el INEGI realiza una encuesta mensual que mide la percepción de inseguridad, además de una encuesta anual que mide la inseguridad, la victimización y el desempeño de las autoridades para cada entidad federativa. Al respecto, añadió que se creará, junto con Naciones Unidas, el centro de excelencia para estadísticas de gobierno, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que se espera inaugurar entre abril y mayo del presente.
En cuanto al desarrollo del censo, señaló que siempre se busca llegar a todos los rincones del país, pero que sin embargo existen zonas que son de difícil acceso, debido a diversas circunstancias, por lo que se toman estrategias diferenciadas, dependiendo de la problemática, como por ejemplo contratar personal de dichas zonas con la finalidad de que conocieran el lugar, o las encuestas en grupo o con rondines de la PFP en las zonas consideradas inseguras. Afirmó que en el censo de 2010, se dejaron de entrevistar a 17 mil viviendas por dificultades en las zonas, las cuales representan el 0.06%, a lo que señaló que no es un porcentaje significativo desde el punto de vista del censo.
En otro asunto, se refirió al tema del costo de este censo, el cual fue de 5 mil 400 millones, que en términos reales, según dijo el titular del INEGI, fue un 30% más económico que lo invertido en 1990 y un 19% más económico que en el 2000, además de ser “una décima parte, por persona, de lo que se invirtió en E.U.A. del Censo de Población y Vivienda que también se realizó el año pasado”. Indicó que esto se debió a que se realizó en 4 semanas, con un mejor perfil de encuestadores, los cuales se contrataron 140 mil, además de ser un cuestionario más reducido y sencillo para el encuestado, y también el hecho de contar con una cartografía automatizada que permitió efectuar una mejor planeación.
Finalmente, dijo que el INEGI sólo busca presentar la información tal cual es, con el fin de que sirva para debatir y para la toma de decisiones, por lo que dejó a los analistas y medios de comunicación la tarea de que ellos contextualicen la información, la analicen, interpreten y ejerzan sus propios juicios de valor.
