- Necesario impulsar la competitividad fiscal: UP
- Recomendable la eliminación del IETU
A pesar de los procesos de simplificación a los que se ha sometido el sistema fiscal mexicano, aún se concibe como muy complejo. Así lo admitió, José Francisco López Torres, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana campus Bonaterra, quien consideró que toda la información que el Servicio de Administración Tributaria solicita a los contribuyentes y los cambios recurrentes en las disposiciones fiscales siguen complicando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Estimó que la simplificación realizada en los últimos meses ha ayudado a disminuir el número de horas para cumplir con las obligaciones fiscales y no tanto en impulsar la competitividad fiscal donde el país sigue “todavía a media tabla”.
Para el analista y catedrático, esta “complejidad” es más acentuada para las empresas que para las personas físicas. Esto, porque tienen una importante carga administrativa al tener que declarar tanto el Impuesto Sobre la Renta como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) debido a que tiene que llevar dos registros.
Con la existencia de dos impuestos las empresas tienen mayor carga administrativa, una característica del complejo sistema fiscal mexicano.
“En la medida en que se elimine uno de esos dos impuestos va a ser más fácil”, afirmó y recomendó a las autoridades que sea el IETU el gravamen que se elimine, ya que al no ser acreditable en otros países significa un factor de riesgo para la competitividad del país.
Aunque el especialista aceptó que dicho gravamen permitió eliminar al Impuesto al Activo, el cual era todavía más nocivo, y ha representado ingresos para las arcas del gobierno.
Cabe recordar que este año las autoridades deben presentar un análisis sobre el IETU para decidir si se elimina o permanece.
López Torres recordó que existe una propuesta de reforma fiscal viable, por basarse en impuestos.
La iniciativa busca bajar la tasa del IVA a 12 por ciento y eliminar gran parte de las excepciones entre ellos alimentos y bebidas.
A esto se añade un impuesto de tres por ciento al consumo el cual permitiría que sean los mismos consumidores los que provoquen la fiscalización al pedir la factura y estar inscritos en el RFC para poder deducirlo.
“Es un 12 por ciento al IVA, pero con un 3 por ciento de impuesto al consumo con la idea de que se devuelva cuando se pida comprobante”. Concluyó López Torres.
