- Daño económico relacionado a vales de despensa alcanzó los 15 millones de pesos en 2010
- Imperante se actualice su legislación penal para “efecto cucaracha” de otras entidades
La Comisión de Desarrollo Económico y Turismo de la LXI Legislatura a unos días de recibir un exhorto para tipificar los delitos que tengan como medio comisivo el uso de vales, sesionó para iniciar con el análisis respectivo, donde se conto con la participación de Marco Antonio Martínez Vázquez, presidente de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (ASEVAL) y de Edgar Delgado Aguilar, secretario técnico de la Cámara de Senadores.
El diputado Gustavo Granados Corzo, presidente de la comisión legislativa, tras dar la bienvenida a los invitados, entre ellos los legisladores de la Comisión de Justicia, hizo constar que para el Congreso del Estado es de suma importancia atender los temas que impactan al empresariado y por ende al crecimiento de Aguascalientes, razón por la que de inmediato se atendió el punto de acuerdo propuesto inicialmente por el diputado federal Gustavo González Hernández y aprobado el 29 de junio pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“La intención es sancionar a quienes roben vales, cometan fraude con ellos o falsifiquen estos documentos de intercambio de bienes y servicios, pues hay vacíos legales que han generado un incremento en estos delitos” declaró el director de la Aseval, Marco Antonio Martínez.
Al exponer los motivos por los que se recomienda a las entidades federativas a legislar sobre el tema, el abogado Edgar Delgado Aguilar indicó que el año pasado el daño económico relacionado a vales de despensa alcanzó los 15 millones de pesos, razón por la que algunas empresas han optado por no recibirlos o bien, no otorgarlos, lo que significaría un fuerte impacto económico a la tercera parte de los asegurados en Aguascalientes que reciben esta prestación; es decir, más de 70 mil familias.
Ante el cuestionamiento del diputado Heriberto Gallegos Serna, el secretario técnico del Senado de la República explicó que si bien se busca que los apoyos a la canasta básica se entreguen mediante monederos electrónicos, tarjetas magnéticas y similares, estos medios no han tenido buena acogida de parte de los trabajadores, además de que una gran cantidad de negociaciones no cuentan con la tecnología para ello.
Al respecto, el diputado Miguel Ángel Juárez Frías, presidente de la Comisión de Justicia, adelantó que ya solicitó a la Procuraduría del Estado la información estadística relativa a las denuncias relacionadas con vales de despensa, así como el trámite que han tenido las mismas, para de esta manera realizar los ajustes correspondientes a la ley, de acuerdo a las necesidades locales y no limitarse a replicar lo que ya se hizo en otras entidades.
Añadió que desde la Legislatura trabajarán para darle seguridad jurídica al sector de la Iniciativa Privada, para seguir impulsando las inversiones en Aguascalientes, acorde al proyecto del gobierno de Carlos Lozano de la Torre.
Los expositores coincidieron al señalar que resulta imperante que Aguascalientes actualice su legislación penal, ya que además de ser un estado atractivo por su crecimiento económico, se podría presentar el llamado “efecto cucaracha”, pues Jalisco, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas ya realizaron cambios a sus códigos sobre el robo, fraude y falsificación de vales.
El diputado Granados Corzo refirió que las adiciones planteadas son también del interés de prestadores de servicios locales que expiden vales, al igual que compañías como Flextronics o Sensata, que otorgan directamente este beneficio a sus empleados.
A su vez Enrique Acosta, gerente de una red de gasolineras del estado presente en la reunión, reveló que pese a los cambios que periódicamente hacen en el diseño de sus vales de combustible, frecuentemente son objeto de falsificaciones y por ende, de pérdidas económicas.
Luego de despedir a los invitados a la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, su presidente, el diputado Gustavo Adolfo Granados Corzo, sometió a la consideración de los legisladores la propuesta para realizar una reunión de trabajo con los titulares de los fondos “Asunción” y “Aguascalientes”, previo acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y con la finalidad de enterarse del estado que guardan estos fideicomisos de apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado Arturo Robles Aguilar, calificó como trascendental el conocer los diferentes instrumentos de apoyo a los empresarios y emprendedores de la entidad, así como la situación financiera de estos fondos, sobre todo “por el estado el status endeble en el que quedaron varias instituciones en la pasada administración”.
De igual forma, el diputado por el Partido Nueva Alianza, Heriberto Gallegos Serna, sugirió programar una sesión con los responsables del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE), por la relevancia que tiene en el manejo de recursos y como alternativa para incentivar y financiar al empresariado local.
Tras concluir la sesión legislativa, el diputado Gustavo Granados fue cuestionado sobre el tema del empleo en Aguascalientes, a lo que respondió que a la fecha se alcanzó una cifra histórica en generación de plazas laborales registradas ante el IMSS, pues en el primer semestre de 2011 se logró la cantidad de 6 mil 348 asegurados permanentes, cifra inédita en los últimos 10 años para un período similar.
El priísta enfatizó que desde el Congreso se trabaja para apoyar el proyecto del gobernador Carlos Lozano, ya que se apuesta por una mejora regulatoria para promover la inversión en el estado.
Por otro lado, Granados Corzo dio a conocer que otro de los temas pendientes en el aspecto económico es el de la Banca de Desarrollo Estatal, proyecto contemplado en el Plan de Gobierno y que vendría a incentivar el sector productivo de Aguascalientes.
Adelantó además que en la reunión con los titulares de los fondos Aguascalientes y Asunción, se cuestionará sobre el destino que tendrá el recurso anunciado por el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, por 75 millones de pesos, así como temas de cobranza, cartera vencida, entre otros.
