- Se debe explicar por qué el Ejecutivo pretende conseguir predios “por el mismo rumbo”
La adquisición de más de 2 mil 500 hectáreas de terreno que la administración de Luis Armando Reynoso Femat realizara al sur de la capital volvió a motivar polémica en el Congreso del Estado, pues al cabo de que el panista Alfredo Reyes Velázquez pidiera esclarecer si efectivamente este palmo es inútil para edificar la segunda planta de la automotriz Nissan en Aguascalientes, el priísta Mario Guevara Palomino refirió que las condiciones y consecuencias de dicha compra “no es nuestra culpa”.
En este sentido y tras presentar el correspondiente punto de acuerdo, argumentó Reyes, Oscar López Velarde, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, debe ser llamado a comparecer ante una comisión especial originada para dar seguimiento al proyecto y al ejercicio de recursos, pues el Gobierno del Estado ha planteado un endeudamiento superior a los mil 55 millones de pesos para tal infraestructura, por lo cual vender o incluso utilizar los terrenos ubicados en la comunidad de Peñuelas podría aminorar los pasivos de que se pretende echar mano.
Por su parte, Mario Guevara, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública en el Legislativo, comentó que la gestación de un órgano especial resultaría innecesaria, y se comprometió a buscar y obtener información completa del funcionario estatal.
De la misma forma consideró que el tema está siendo politizado por la bancada de Acción Nacional, y aseveró que si la gestión de Carlos Lozano de la Torre, actual gobernador, ha optado por comprar más tierra se debe a que el proyecto así lo demanda.
“No le corresponde a esta Legislatura buscar culpables y responsables de actos cometidos en una administración anterior… Creo yo que al final de cuentas es un acto de irresponsabilidad (la operación inmobiliaria), pero no de esta administración sino de la anterior… Yo pediría a esta Legislatura actuar con responsabilidad, no politizar los temas, analizarlos desde la frialdad de la técnica”.
Reyes Velázquez, a su vez, recordó que el mismo Reynoso Femat solicitó y logró una deuda de mil 500 millones de pesos, la cual jamás se consolidó en los planes que le dieron respaldo: las inconclusas obras del Hospital Miguel Hidalgo, el Distrito de Riego 01 y el Centro de Convenciones de Aguascalientes.
Así, anotó, el desembolso que se espera efectuar por nuevos terrenos podría ser canalizado a cualquiera de estos tres puntos.
No ha quedado clara, señaló, la razón por la cual Nissan rechazó instalarse en una reserva territorial cuyo costo rebasó los 800 millones de pesos.
Al citar un “total hermetismo” en las pláticas que esta empresa y el Ejecutivo local sostienen, el coordinador de los blanquiazules también solicitó por escrito la comparecencia de Hipólito Treviño Lecea, secretario de Desarrollo Económico, con objeto de puntualizar el alcance de los deberes que la entidad pacta a cambio de robustecer su actividad económica.
Abrió la posibilidad de que la adquisición de predios, “coincidentemente por el mismo rumbo” de los de Peñuelas, obedezca a un compromiso entre el gobierno del PRI y la armadora japonesa.
Los señalamientos vertidos por López Velarde, quien asegura la reserva territorial es inservible para el ejercicio industrial debe llamar la atención de la diputación, dijo el propio Reyes, pues producto de deficientes manejos financieros a la fecha la ciudadanía continúa pagando intereses a la banca.
Recurrir a un endeudamiento menor a los mil 55 millones de pesos colaboraría a no agotar la capacidad de endeudamiento del estado, agregó, por lo cual la opción de poner a la venta la reserva territorial debe ser explorada.
“Se ha solicitado a este Congreso la autorización de un endeudamiento de más de mil millones de pesos, sin que sepamos oficialmente en dónde será instalada la nueva empresa de Nissan… Es de resaltar que en la iniciativa (del Poder Ejecutivo) no se presenta el Programa de Financiamiento Neto que establece el Artículo 19 de la Ley de Deuda del Estado, el cual es indispensable”.
La petición de generar una comisión especial de seguimiento contempla la participación de un integrante de cada fracción parlamentaria, y un plazo de 90 días para, además de definir si los planes financieros de Gobierno del Estado son los más factibles para la población, deslindar eventuales responsabilidades derivadas de dicha maniobra en Peñuelas.
