Pese a que a muchos desinformados locales, miembros del mundillo intelectual y cultural les parezca inentendible y/o absurdo, la fecha del 17 de octubre del 2011 es ya plateada entre las hojas de las efemérides de Aguascalientes y México; en ésta sucedió oficialmente el decreto estatal de que la fiesta brava quedaría como patrimonio cultural inmaterial.
Ello reclama “ciertas” obligaciones económicas por parte del gobierno sobre todo hacia su cara, justamente, cultural que tan opulenta es, aunque desde luego los presupuestos quizá no sean liberados sino para proyectos presentados por gente foránea que vende imagen y reverencia hipócritamente el “gran taurinísmo de la entidad” –como viene aconteciendo de hace tiempo a hoy-, independientemente de su calidad, y no sin que antes los taurinos de la tierra hayan laborado arduamente en los propios, finalmente reprobados y sufrido de la buro-ociosidad que presentan por delante a modo de “quitalatosos” todos los niveles de gobierno y de la que no se ha podido liberar el aguantador pueblo.
Y a pesar del avance que en asignaturas de toros y cultura haya dado el estado con este decreto, penosamente da sus luces la indolencia hacia el fortalecimiento general de la fiesta misma.
En este país no se destinan recursos para la gente preparada; profesionistas con títulos de posgrados enmarcados se encuentran anclados y tiene “mayor éxito” el empírico porque se le paga menos, mucho menos.
No es conveniente para “nadie” que se realice un verdadero y sustancial cambio en el espectáculo taurómaco, ya que eso implicaría, entre otras cosas, el derrumbe paulatino de la sólida mafia que en la mediocridad tiene un negocio rentable y cómodo para un reducido grupo: “Desprecio y regateo disfrazado para con varios de los coletudos nacionales interesantes y aún rescatables, y vasallaje incondicional hacia las abusivas figuras europeas con reses indignas de presencia y para menos riesgo y más arte, afeitadas”.Cuando se jugaron los seis de San Isidro una voz indefinible exclamó: “¡Cómo te extrañamos Tableao!…”
Sólo falta en virtud de lo dicho, y esto quizá sea lo más importante, que la fiesta se blinde contra los taurios que son, ya lo demostraron, más peligrosos que ni los escasos y debiluchos miembros de la “Sociedad Protectora de Animales de Aguascalientes”. Consciente y deliberadamente prostituyéndola, un mes y días antes, para pelos y señales el 2 de septiembre, el Ayuntamiento de la capital, comandado por una mujer “inocente” en materia taurina, lanzó silenciosamente un acuerdo por el que el resultado de los exámenes post mórtem de los bovinos lidiados en cualquier plaza del municipio de Aguascalientes, “se considera información reservada o confidencial y su divulgación se restringe a un interés superior”. En otra parte del acuerdo se lee: “la información que se clasifica, contenida en los referidos exámenes, constituye información que de divulgarse puede poner en riesgo el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos que podrán surgir como resultado del contenido de dichos exámenes”. Luego sigue: “la naturaleza de la información que se está clasificando hace que el plazo de reserva sea por diez años y correrá su vigencia a partir del día siguiente hábil a la elaboración del presente acuerdo…”, otro tramo que agrede al intelecto es: “hacer pública dicha información también atentaría en contra del principio de presunción de inocencia, pues los elementos con que se cuenta actualmente para la elaboración de dictámenes posmortem de reses bravas lidiadas en eventos taurinos, se basan más que nada en la observación por parte del cuerpo de veterinarios designados al efecto -en el caso, un médico absorbido por el vicioso sistema, y un estudiante no brillante de veterinaria que cursa en la Universidad Autónoma y que se está dando cuenta de cómo se estilan y destilan las cosas en Aguascalientes-, de acuerdo al protocolo para tales casos y no se cuenta con estudios o análisis de gabinete, por lo que antes de emitir una resolución, en el supuesto de un procedimiento administrativo, se estaría prejuzgando acerca de la culpabilidad o injerencia de factores provenientes del ganadero y/o empresario, sin darle oportunidad a ejercer su derecho de réplica o aportar pruebas en contrario al resultado del multicitado análisis (…)”.
Por supuesto que hubo algunos encierros que no necesitarán jamás de la prueba científica para acreditar su trapío y edad adulta.
¿Encuentra el amable lector algún argumento o residuo moral en semejante acuerdo?
Creo que no; lo que sí se haya con facilidad es un arma de defensa “legal” estupenda a favor de la empresa y de su cartera de adorados clientes: Teofilitos, Bernalditos, Fernanditos, Sanisidritos y otros venenos dulces.
¿De qué mente brillante salió tan despiadada y absurda propuesta?
Alguien dijo entre barreras: ¡Y eso que es la Feria número uno en América!… luego se quedó reflexionando y agregó: ¡aunque es cierto que no se especifica en qué!
Regala a pensar el mojigato “acuerdo” que los organizadores, a sabiendas de que algunos de los encierros impuestos adolecerían de la edad, trapío y cuernos enteros, se curaron para quitar “enfermedades” mañana, es decir, lo recién pasado.
