Durante la campaña electoral que vivió México hasta el pasado domingo, quedó de manifiesto que para la construcción de una sociedad equitativa y con capacidad de progreso, el tema de la libertad de información y la capacidad de libre acceso a ella, es crucial. Esto es algo con lo cual habrá que trabajar mucho desde ya en los ámbitos de la vida pública y las organizaciones de la sociedad civil para la construcción de nuevos esquemas durante los próximos años. Si bien el tema tiene que ver fundamentalmente con las libertades civiles y los derechos humanos, tiene también que ver con asuntos fiscales y hacendarios en este país.
El manejo de la hacienda y de todos los bienes públicos es algo que se ha convertido en sinónimo de secrecía y “arreglos en lo oscurito”. La capacidad del manejo a discreción de estos bienes otorga tan enorme y apetecible poder a quien la posee que, para mantenerla o para hacerse de ella, se justifican todos los medios posibles. La falta de transparencia y la capacidad de conducir la información y el control selectivo a quien demanda acceso a la misma, hace que el servicio público se convierta en el medio para acceder a un botín, más que a recursos para el bien común.
En el campo de la discrecionalidad y opacidad del manejo de los bienes y hacienda pública, caben tanto los sueldos, prebendas y lujos que se asignan quienes los administran, como el poder adicional que adquieren por la concesión selectiva de beneficios, favores, derechos y descuentos a otros, generalmente a cambio de otro tipo de favores o apoyo económico, para propósitos personales o políticos.
Este tema saltó recientemente a la luz pública, derivado de la sentencia de la juez María Paula García Villegas Sánchez Cordero, respecto a la liberación de información sobre la identidad de los beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales en 2007. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue conminado a divulgar, cosa que aún no cumple, a quiénes y por qué canceló 711,626 créditos por un monto cercano a los 74 mil millones de pesos. El caso revivió, al menos en la memoria de muchos casos que se han convertido en una batalla por la información. Hace 14 años, por ejemplo, se cancelaron adeudos bancarios a un gran número de personas y empresas, bajo la justificación de rescatar a la banca, mediante la transferencia de cerca de 800 mil millones de pesos en dinero público a través del fideicomiso llamado Fobaproa. Y otros 100 millones de pesos para rescatar a quienes construyeron carreteras durante el sexenio de Carlos Salinas, a quienes el gobierno les proporcionó datos equivocados respecto al aforo esperado de éstas, por lo cual estaban perdiendo dinero.
El gran botín, sin embargo, sigue siendo el gasto público. Apenas hace unas semanas el candidato de las izquierdas, al mencionar el propósito de que al llegar a la Presidencia recortaría el gasto corriente en $300 mil millones, recuperaría $300 mil millones de la corrupción y mejoraría la recaudación sin aumentar tasas de impuestos en $200 mil millones, se armó una farsa mediática para ridiculizar la propuesta. Comenzando por el propio presidente de la República, quien al margen de la legislación electoral cuestionó a través de su cuenta de Twitter al candidato.
La suma de estos ajustes propuestos representa el 5.3% del PIB de 2012. Hay que recordar que el gasto aumentó 6 puntos del PIB entre 2000 y 2011. Se utiliza el tamaño de la economía medido a través del PIB como referencia del tamaño de los gastos e ingresos públicos. La realización de los ajustes implica una verdadera reforma administrativa, austeridad y una nueva cultura de honestidad, algo efectivamente inviable para quien desee mantener el gasto público como botín. El objetivo es perfectamente asequible, según afirman especialistas que fueron funcionarios de alto nivel en la Secretaría de Hacienda, frenando la expansión excesiva de burocracia y corrupción, y cobrando impuestos en forma más eficiente.
Entre el año 2000 y 2011 los sueldos de la burocracia se incrementaron en más del doble a $862 mil millones y se incrementaron los pagos a servicios personales de todo tipo. En 2012 se gastan $200 mil millones en servicios personales, arreglos de oficinas, comunicación social, mantenimiento, traslados, viáticos y demás. Por eso subieron los gastos corrientes del 11% al 15.4% del PIB, a 2.2 billones. Lo que el candidato proponía era reducir sólo una parte de esa enorme cantidad. Pero había que difundir que era una tontería para que no expusiera el grado al que se dilapida nuestro dinero en el gobierno. Y por el odio a la persona del candidato, difundido de manera insistente desde 2006 por los medios masivos de comunicación que controlan –y a cambio les sirven-, se logró, manipulado el acceso y la veracidad de la información, minimizar y ridiculizar la idea. Y millones de ciudadanos, al difundir por las redes sociales y entre sus círculos de amistades, hicieron de la mentira verdad, validaron en su propio perjuicio lo que pretendían quienes se apropian de los bienes de todos.
En la sentencia que obliga al SAT a abrir al público la información, la juez García Villegas hace una puntualización que marca atinadamente una de las sendas que podríamos asumir como sociedad vigilante en el camino hacia la plena democracia que hoy parece más lejana: “las autoridades deberán interpretar el Artículo 69 conforme con la Constitución Federal, lo que significa que deberán proporcionar la información solicitada, misma que además es necesario difundir para evitar la mínima suspicacia de los gobernados, en el sentido de que la cancelación de créditos que se llevó a cabo en el año 2007 iba dirigida en beneficio de personas físicas y morales concretas, o porque dichas cancelaciones fueron resultado de ineficiencia, por decir lo menos, de las autoridades fiscales en cobro, lo cual no puede permitirse en un estado social democrático y constitucional de derecho”.
Twitter: @jlgutierrez
