El avance de la democracia en un país, o en una entidad federativa, tiene dos puntos de apoyo, que en sí mismos no indican, necesariamente, que uno tenga que ser primero que el otro, pero que sí son complementarios e indispensables entre sí: el primero es que el presidente de la República, o, en nuestro caso, el gobernador del estado, quiera y se proponga impulsar el desarrollo de la democracia y aplicarlo en su forma de hacer gobierno; y, el segundo, que la comunidad-sociedad quiera y demande la democracia como método de convivencia armónica y de desarrollo.
El común denominador, necesario también para el avance de la democracia, en ambos puntos de fuerza es el conocimiento y la comprensión de los beneficios que les traerá aplicar el método de la democracia; si los beneficios no se ven o no se determinan, el avance no funciona. Si el beneficio lo ve sólo uno de los actores y el otro no, tampoco funciona, y puede terminar por frustrarse la democracia.
La importancia de la simultaneidad de la acción de los dos puntos de fuerza estriba, precisamente, en la esencia de la misma democracia, en su forma de ser y de existir; esto es, que para que sea democracia y no otra cosa, se requiere la participación activa del gobernador del estado y, también, de los miembros de la comunidad-sociedad.
El camino de la democracia se pierde cuando no se la conoce en esa su esencia; los factores esenciales son la participación de los ciudadanos en sus asuntos, el diálogo con consenso, la toma de decisión por mayoría, y el beneficio para la comunidad. La pérdida del camino se da cuando el gobernante, por ejemplo, no logra construir los puentes y mecanismos de participación democrática con los diversos sectores de la sociedad, y los procesos se vician y se frustran porque, aparentemente, los consensos y las decisiones que se necesitan no avanzan o se vuelven tortuosos, y el gobernante termina por imponerlos.
Veamos ahora el caso de Aguascalientes donde, con Carlos Lozano como gobernador, están apareciendo elementos de regresión democrática; no obstante, ¿cómo determinar si hay avance o retroceso? ¿a juicio de quién se puede caracterizar o calificar la democracia? Para que la respuesta pueda ser tomada en cuenta y no desechada –porque pudiera ser insustentable o meramente subjetiva-, podemos tomar un criterio mínimo.
El criterio que nos ayuda es determinar hechos que gobernantes anteriores hicieron o dejaron de hacer, para impulsar el avance de la democracia, y que ahora, por el contrario, se dejan de hacer o se vuelven a hacer. Estamos, pues, en el plano de la observación y el estudio para el debate, necesarios para que, como ciudadanos, podamos tener un horizonte claro respecto a cómo estamos y vamos en democracia, y evitar el engaño o el autoengaño.
Tomemos, entonces, algunos hechos que nos darán luz acerca del avance de la democracia en nuestro estado: cuando el gobernador promueve reformas para consolidar el servicio civil de carrera de los trabajadores de los poderes; cuando el gobernador impulsa la transparencia y rendición de cuentas con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado; cuando el gobernador respeta la autonomía de los otros poderes de gobierno para que tomen sus propias decisiones; cuando el gobernador adopta una sana distancia con su partido político y no interviene en sus decisiones; cuando, de manera consecuente, el gobernador deja que su partido elija a sus candidatos y que participen en los debates electorales; cuando el gobernador ya no encabeza los eventos de campaña de su partido; cuando el gobernador abre los espacios noticiosos de radio y televisión del gobierno a la pluralidad, y transmiten los debates electorales; cuando el gobernador deja de requerir que los empresarios paguen inserciones en los periódicos para felicitaciones; cuando el gobernador respeta la veda electoral y deja de realizar eventos de entrega de apoyos, etcétera.
Respondamos ahora la pregunta de ¿en qué consiste la regresión democrática en Aguascalientes? La respuesta inicial es la que apuntamos líneas arriba: lo que ya se hacía, se deja de hacer, o lo que ya se dejaba de hacer, otra vez se vuelve a hacer.
Los hechos, entonces, de la regresión democrática en Aguascalientes son: cuando el gobernador promueve reformas, por ejemplo, para que cualquier abogado que no esté en el servicio civil de carrera del Poder Judicial pueda aspirar a ser magistrado del Tribunal Electoral; cuando las reformas vuelven difícil el ejercicio del Órgano Superior de Fiscalización; cuando el gobernador, prácticamente, designa los candidatos de su partido, y encabeza, por ejemplo, el desayuno y la marcha de apoyo a su candidato presidencial, o distribuye apoyos agropecuarios en los días previos a la elección, o las estaciones de televisión y radio no transmiten los debates electorales, o en los espacios noticiosos se privilegia el reporte de los candidatos de su partido, o da la consigna de que sus candidatos no participen en los debates, o vuelve a requerir de los empresarios las felicitaciones en los periódicos, o cuando interviene con los diputados para determinados nombramientos, o no resuelve la terna para la designación del magistrado faltante del supremo tribunal, o cuando nombra en su gobierno personas que la ley de responsabilidad de los servidores públicos veta, etcétera.
Estamos, por lo tanto, en un momento de reflexión y de recapacitación; para que la cultura democrática en Aguascalientes continúe su desarrollo no basta con que la comunidad-sociedad lo demande. Es indispensable que también el gobernador lo quiera.
Ciertamente gobernar una sociedad –que no es hacer favores ni caridades- requiere de una disposición de interacción con ella; la aplicación de la democracia como método de convivencia demanda la aceptación de los otros como actores, de tal manera, que la democracia no sólo se menciona en el discurso político, sino que se traduce a los hechos de gobierno.
