No cabe duda de que, efectivamente, el PRI está en una batalla postelectoral contra la historia de su propia imagen; una imagen no sólo formada hace cuarenta o más años con el engaño, la corrupción y la impunidad, que vistió, como constante estrategia de respuesta a las acusaciones, de pulcritud, democracia y servicio al país, sino confirmada en los años recientes con los múltiples casos que ya sobra repetir, tomando como ejemplos dos de ellos, Arturo Montiel y Humberto Moreira.
Recordemos que la forma de actuar que han mostrado los priístas cuando se trata de irregularidades y corrupción, es la del ocultamiento y la negación; cuando, finalmente, la abundante información sobre un caso se vuelve imparable y sus palabras ya no pueden detener el conocimiento de las evidencias, su recurso ha sido el deslinde. En la campaña electoral de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, son varios los casos y los ejemplos de esta estrategia, siendo el de Moreira el más significativo.
Peña fue el impulsor de Moreira para la presidencia nacional del PRI con vistas a la campaña de 2012; y cuando se comenzaron a conocer las irregularidades de la deuda pública de su gobierno, con las presuntas corrupciones, es Peña quien se deslinda de Moreira para continuar con su camino hacia la presidencia de la república.
Hoy nuevamente Peña y el PRI repiten la estrategia del ocultamiento y la negación de las acusaciones que hicieran el PAN y el PRI en la última fase de la campaña electoral acerca de recursos paralelos manejados en la Banca Monex y en las tiendas Soriana; hasta hoy, ninguna prueba o evidencia presentada por los partidos, lo es para el PRI. Sus respuestas de defensa y descargo se han basado solamente en sus propias palabras de negación, rechazo y descalificación, pidiendo a los ciudadanos que les crean a sus palabras y no a las evidencias presentadas por sus opositores.
Para entender un poco tanto la posición de la impugnación de la validez de la elección presidencial, como la posición del PRI para negar y rechazar las acusaciones, es útil conocer algunos planos del proceso electoral: uno es el momento de la casilla electoral; otro es el contacto de los operadores electorales de los partidos con los electores; otro la canalización de recursos financieros; y un último, el papel de los medios de comunicación.
En el documento que el IFE envía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desestima que las tarjetas Monex hayan sido el medio para presionar o coaccionar a los electores para emitir su voto a favor de un candidato. Sin embargo, si el IFE quiere buscar en la casilla la respuesta a la compra o coacción de voto, no es ahí donde va a encontrar la respuesta, sino fuera de la casilla, donde los operadores electorales tienen contacto con los electores.
Respecto a la canalización de recursos financieros, veamos cómo actúa el PRI: tanto Peña como Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, siempre negaron que su partido tuviera nexos con Monex; en rueda de prensa, Jesús Murillo Karam admitió –por fin- que el PRI contrató a una empresa para repartir tarjetas de prepago, aunque “no conoce” el banco por el que se dieron. Además, “insistió en que la contratación de los servicios de Alkino fue para gasto ordinario (del partido), sin relación con el gasto ‘que no se puede rebasar’ correspondiente a la campaña presidencial” (La Jornada, 20 de julio). ¿Qué podemos entender? Que el gasto de la campaña presidencial “no se puede rebasar”, pero el gasto ordinario del partido sí lo puede hacer.
Para algunos noticieros nacionales de televisión y radio, las denuncias contra el PRI por causa de Monex o Soriana para la compra y coacción del voto, no son motivo de comentarios estridentes, ni de cuestionamiento o reprobación –menos de escándalo-, como sí lo es –y así lo han manejado desde hace mucho tiempo- el que el presidente Felipe Calderón reconozca la victoria de Peña Nieto y después considere inaceptable la compra de votos; o que el PAN acepte que su candidata no ganó la elección y después su presidente nacional diga que el PRI ganó a “billetazos” la elección, y comenten que son “bipolares” e inconsistentes; o que Andrés Manuel López Obrador busca difamar al PRI, descalificar las instituciones políticas, o sólo permanecer en los medios, etcétera.
Los comentarios de estos noticieros sólo llegan a decir “que lo prueben”, o repetir lo que responde el PRI diciendo que los opositores “sólo acusan pero no presentan pruebas”; el asunto con estos medios ha estado en que Peña y el PRI han sido excelentes clientes en sus espacios de negocios, razón por la que los han tratado muy bien en sus comentarios. Entonces, la respuesta en este plano tampoco va por el lado de que hayan dedicado más tiempo a Peña, o le hayan vendido indebidamente espacios, sino en que el cobijo que le han dado, a diferencia del descobijo que dieron a los otros, influyó en muchos electores.
El PRI está, entonces, en la batalla contra su propia imagen: en el escenario de recientes corrupciones de varios de sus gobernadores, destaca y sorprende la maravillosa pulcritud que dicen tener de su elección presidencial. Conocen muy bien la ley y sus recovecos, circunstancia que los lleva a practicar, frecuentemente según apreciamos, aquel refrán popular de “más vale pedir perdón que pedir permiso”.
A los ciudadanos nos queda ahora observar si el Tribunal Electoral, el IFE y la FEPADE logran hacer las investigaciones para obtener la información que algunos medios de comunicación, atinadamente, han hecho y nos han dado a conocer; es decir, si para calificar la elección el Tribunal se basa sólo en el cómputo de votos, Peña tomará posesión de la presidencia de la república. Si atiende los criterios constitucionales de equidad, podríamos conocer otro desenlace.
