- Presentaron esta semana su modelo fiscalidad para el desarrollo incluyente
- La ONU sugiere dejar de temerle al costo político y no hacer cuentas alegres
Frente a diversas posturas que divergen sobre el reto que significa obtener dinero para cumplir las promesas electorales y abatir la pobreza, un académico aguascalentense consideró que la próxima administración federal tendría que subir impuestos si quiere cumplir sus políticas sociales.
Su propuesta radica en aplicar modelos de micro simulación de impuestos-beneficios, que clarifiquen los impactos de las cargas tributarias, a través de los cuales aumentar las tasas impositivas en la misma medida en que se incremente el Producto Interno Bruto (PIB), previsto para este año en casi un 4 por ciento.
En la misma línea de pensamiento, la ONU sugirió a México “no hacer cuentas alegres”, y dejar de temerle al “costo político”, de aumentar impuestos.
Manuel Díaz Flores, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), opinó en entrevista con La Jornada Aguascalientes que las promesas electorales “sólo son viables si se regulariza la evasión fiscal y se crea una reforma tributaria que lo haga posible, lo cual hasta el momento no se ve cómo”.
Al respecto, el también académico aguascalentense Carlos M. Urzúa Macías, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Ciudad de México, dijo: “de no dar pasos para incrementar la recaudación fiscal y reducir su dependencia de los ingresos petroleros, México enfrentará crecientes dificultades para sostener sus programas sociales y cumplir las metas de ampliación de su cobertura”.
Urzúa Macías y Héctor Villarreal presentaron esta semana su modelo fiscalidad para el desarrollo incluyente, patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en inglés); su opinión unánime es que “el próximo Gobierno Federal en México deberá adoptar una política fiscal menos regresiva, que privilegie el cobro de impuestos directos”; igualmente propusieron “elevar la recaudación fiscal como proporción del producto interno bruto (PIB), que actualmente es del 10 por ciento” (sic).
El modelo fiscalidad para el desarrollo incluyente, coordinado por Urzúa Macías, sugiere que México considere los impactos redistributivos al plantear reformas fiscales que apelan al aumento de los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Los impuestos indirectos o al consumo van a tener un impacto redistributivo negativo, mientras que en los impuestos directos –Impuesto Sobre la Renta (ISR)–, es muy positivo. De hecho, en México, los primeros tres, [o] cuatro deciles no pagan ISR porque están en el mercado informal, pero los que sí están en el mercado formal pueden incluso recibir un impacto negativo, como un crédito al salario, y en lugar de pagar impuestos se les da una transferencia”, planteó Urzúa Macías.
El objetivo de este modelo tributario, propone en su libro Fiscalidad para el Desarrollo Incluyente el especialista aguascalentense, es que: “ningún gobierno es espectador pasivo de la economía de su país. Al contrario, los gobiernos proactivos buscan proteger y elevar el bienestar de sus ciudadanos a través de sistemas de pensiones y otros programas sociales. Dichos programas están sujetos a la política fiscal del país, así como también lo están las reformas fiscales a los procesos políticos, por lo que los sistemas impuestos-beneficios adquieren complejidad”.
Agregó que ante esto resulta de gran utilidad para los países de América Latina implementar modelos de micro simulación de impuestos, beneficios que provean un análisis cuantitativo riguroso de las políticas fiscales y sociales, con la posibilidad de hacer evaluaciones ex-ante (integrales).
Concluyó Urzúa Macías que “el objetivo principal de la fiscalidad para el desarrollo incluyente es producir una herramienta, de uso público, que permita tomar decisiones sobre alternativas de reformas equitativas y pro-pobres en los países de la región, con base en investigación teórica y empírica. Los países involucrados en una fiscalidad para el desarrollo incluyente son México, Guatemala, Chile, Uruguay y Brasil. Para cada uno de ellos, el producto final será un modelo de simulación de impuestos y beneficios sociales, así como un reporte específico dadas las características económicas e institucionales de cada país”.
