En los últimos días hemos estado en las discusiones del tratamiento que deberá darse a la Ley General de Víctimas, la cual fue observada por el Ejecutivo (vetada). En las observaciones con las que se devuelve dicha ley, el Ejecutivo dice que la ley contiene fallas que impedirán en principio que sea cumplida por los Estados y Municipios, porque se circunscribe solamente al ámbito federal, y que el 92 por ciento de los delitos se dan en el ámbito estatal y municipal, y que la ambigüedad con que se maneja la definición de “daño causado a la víctima” deja una laguna legal que sería parte de la falta de cumplimiento por los estados y municipios, y que el Congreso de la Unión no reformó la Constitución para tener la facultad de legislar en esta materia.
Por otra parte, el Presidente del Senado, y actualmente de la Comisión Permanente, el senador José González Morfín, en acuerdo de dicha comisión con mayoría total de la votación, ordena al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, que se publique inmediatamente dicha ley y dentro del acuerdo se hace notar al Ejecutivo que está fuera del plazo de hacer observaciones, de acuerdo a la reforma de agosto de 2011 al Artículo 72, que quitó al Ejecutivo el veto “de bolsillo”, el cual permitía al Ejecutivo congelar normas expedidas por el Congreso de la Unión indefinidamente sin incurrir en delito.
Pues bien, el Ejecutivo informa que esta ley aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de Abril de este año, último día del periodo ordinario de esta Legislatura, pero de acuerdo al Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Óscar Arce Paniagua, retiró el decreto el mismo día que fue enviado a Gobernación por la Cámara de Diputados, 10 de Mayo, y lo retuvo dos semanas más reenviándolo el 1 de Junio; por eso el Ejecutivo dice que hizo las observaciones a tiempo pues las recibió la Comisión Permanente el 1 de Julio, con lo cual son los 30 días que marca la ley. Hoy los senadores y diputados de oposición externan que fue para que se hicieran las observaciones después de las elecciones, pues el vetarla antes traería reacciones que podrían afectar el proceso electoral; esto fue posterior al 1 de julio, aunque creo que los que se hubieran inconformado al darse cuenta de este hecho son las organizaciones sociales que participaron de una manera muy activa, con propuestas en la elaboración y aprobación de esta ley; por ello es muy entendible su reacción de molestia. Sin embargo, eso de que se apruebe y después sea “remendada” está por verse, pues todos los miembros de las cámaras se encuentran inmersos en las discusiones postelectorales y poco caso hacen a otros asuntos; desde luego que hay otros legisladores que están más ocupados –y preocupados– buscando reacomodarse.
El Ejecutivo al reclamo de las cámaras, de publicar esta ley, contestó presentando una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de la Nación, con lo cual considero que al darle entrada con el número 68/2012, los miembros de la Comisión de Receso, de dicha Corte, ministros Sergio Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas, admitieron dicha controversia el 24 de julio de este mes, de acuerdo a los artículos 56 y 58 del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y según los cálculos de los enterados, el hecho de haber recibido la controversia no significa que esté prejuzgando la constitucionalidad de los actos impugnados, sino que le dio entrada por “haber sido presentada por un órgano legitimado de forma oportuna y no advertirse motivo notorio y manifiesto de improcedencia”; esto obliga, después de ser notificado tanto el Senado como la Comisión Permanente, que tendrán un plazo de 15 días hábiles para responder la demanda presentada por el Ejecutivo.
Desafortunadamente, el trámite de esta controversia se calcula que se llevará seis meses, y la resolución un año; con esto, la próxima Legislatura, que entra en funciones el 1 de Septiembre, se encontrará en la disyuntiva de dar seguimiento a la controversia. El Ejecutivo ha manejado la intención de enviar al Congreso una nueva ley que corrija las deficiencias de ésta, o salvar las observaciones del Ejecutivo con la votación calificada en las dos cámaras (dos terceras partes del Pleno), para rechazar las observaciones, y por cómo se ve el panorama de la próxima Legislatura, en su composición, y las posiciones postelectorales, creo que los consensos serán difíciles de alcanzar. Así como lograr los acuerdos del presupuesto de 2013. Los anteriores, estimado lector, son algunos de los retos que enfrentará la próxima Legislatura. En las próximas entregas le comentaré de algunas otras que se tendrán que atender y… ojalá resolver.
