Al conocer las noticias preliminares de la elección del 2 de julio del 2000 -hace 12 años- escribí un artículo titulado “Réquiem por la Revolución” publicado en el suplemento cultural de El Sol del Centro el siguiente domingo. Ahí dice: “Nuestros venerables constituyentes con toda seguridad, están de luto. Saben muy bien que, después de otorgado el certificado de defunción de la Revolución Mexicana, una nueva Constitución tendrá que venir. Una nueva Constitución que refleje los intereses de la contrarrevolución en el poder y, consecuentemente, cercene la médula de la anterior: LA ASPIRACIÓN A LA JUSTICIA SOCIAL”.
“El señor Fox ya nos advirtió su intención de promover una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una en la que ahora sí se destaque eso de los ‘Estados Unidos’ y se minimice lo de ‘mexicanos’”.
“El ambiente es de fiesta, pero también de honras fúnebres. Preparémonos, pues, a festejar a la democracia y, también, a despedir a su progenitora la Revolución Mexicana con una solemne pero solitaria misa de cuerpo presente, mientras allá, a lo lejos, el pueblo tal vez se pregunte: ‘¿Por quién doblan las campanas?’”.
Lo que vimos después, fue la incapacidad de Fox para cumplir su promesa de sustituir la Constitución que en su supina ignorancia calificó como “obsoleta” el 5 de febrero del 2001 en Querétaro, pero sí dejó su Ley de Seguridad Nacional de 2005 como base de sustento para que Calderón declarara su guerra contra el narcotráfico en 2006, involucrando inconstitucionalmente, de lleno, a las Fuerzas Armadas.
Inmediatamente después, en 2007, Calderón inicia una andanada de iniciativas entre las que señalaremos sólo algunos embates representativos, que empiezan nada menos que con una proposición de reformas a los artículos 16, 18, 20, 21, 22, 73, 122 y 123 de la Constitución; al Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal en un ataque demoledor a los derechos humanos, con el insolente propósito de adaptar la Ley Suprema a una ley secundaria tan nociva como es la de Seguridad Nacional mediante una política persecutoria, de acuerdo con la estrategia de la Escuela de las Américas que parte del supuesto de que el pueblo apoya y protege a los delincuentes. El Poder Legislativo le da largas al asunto; discute, analiza, hace ajustes, pero finalmente se incorporan en alguna medida en sucesivos decretos, avanzando así en el proceso de demolición del sistema de garantías.
Otro ejemplo es el proyecto de ley que presentó en octubre de 2008 para legalizar la posesión de drogas para consumo inmediato, pero no con la idea de legitimar su uso sino con la de castigar la posesión que excediera las cantidades establecidas en una tabla publicada en el decreto del 20 de agosto de 2009 donde se reforman la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. El absurdo fue ridiculizado por la población como la “Ley del Narcomenudeo” porque no iban a alcanzar las cárceles para alojar a los pequeños distribuidores y a los consumidores que fueran sorprendidos adquiriendo dos dosis en lugar de una, ya que los grandes distribuidores cuentan con la protección necesaria.
El 2 de enero de 2009 se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de carácter fascista porque centraliza las funciones represivas del Estado en todos los niveles “…a pesar de los señalamientos…” en el sentido de que “…contiene disposiciones ‘violatorias’ de los derechos humanos, las cuales, además, se contraponen con la miscelánea penal, pues se asigna a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio Público”. Así como “…que con la participación de las fuerzas armadas en un órgano civil… se violenta la Constitución”.
El 23 de abril de 2009 Calderón propone reformas a la Ley de Seguridad Nacional y otras normas concernientes, incluyendo una tramposa interpretación del Artículo 129 constitucional para justificar la intervención del Ejército en asuntos de seguridad pública en que la Constitución no le concede facultad alguna, como corrobora además el Artículo 21.
Esta iniciativa no sólo sufrió de lentitud en su atención por parte del Poder Legislativo, sino que terminó abandonándola en la congeladora por el costo político que significaría su aprobación, sobre todo al acercarse los tiempos electorales.
Autorizar esa reforma para consolidar la salvaje Ley de Seguridad Nacional y otras normas de primera importancia como el Código Penal parcialmente afectado, hubiera entrañado autorizar la “criminalización de las disidencias políticas y sociales” con la “instalación de un estado policial” como lo señalara el diario La Jornada en uno de sus editoriales, o bien como dijera Porfirio Muñoz Ledo, transferir “el poder público al militar” significaría el “suicidio del Congreso”.
(Continuará)
Aguascalientes, México, América Latina
