¿Otra Operación Cóndor? La Ley de Seguridad Nacional emitida por Vicente Fox el 31 de enero de 2005 nació como una versión light de la legislación represiva establecida por George Bush hijo a raíz de la demolición -en 2001- de las Torres Gemelas, símbolo emblemático del World Trade Center o Centro Mundial del Comercio en Nueva York; pero con el acuerdo secreto llamado Security and Prosperity Partnership of North America (SPP) o Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmado inconstitucionalmente entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México el 23 de Marzo de 2005, la citada Ley de Seguridad Nacional promulgada tres meses antes se convirtió en el instrumento con que el gobierno estadounidense pretende dar fundamento legal a esos acuerdos secretos para someter política, económica y militarmente no sólo a México, sino a América Latina entera, en una adaptación re-encarnada de la Operación Cóndor.
Contrabando de armas. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha puesto en práctica operativos criminales para armar a los cárteles del narcotráfico (leyó usted bien: el gobierno de Estados Unidos arma de contrabando a nuestros delincuentes) mientras -hipócritamente- vende armas también al gobierno mexicano, exigiéndole luchar en contra de aquellos a quienes armó.
Los mexicanos nos enteramos de esto por pura casualidad, pues a raíz de que el guardia fronterizo Brian Terry fue asesinado en Arizona en Diciembre de 2010, mediante documentos oficiales reservados que publicó el diario Los Ángeles Times se llegó a conocer que el arma disparada provenía de una remesa introducida de contrabando en México por orden del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) (Administración del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) ¡dependiente nada menos que del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos! El escándalo fue mayúsculo.
Igual que un cabo lleva a otro, se encontró que esa remesa (operaciones, les llaman) no fue un hecho aislado; hasta ahora se sabe, por lo menos, que estos operativos proceden de la administración de George Bush hijo y que la operación del año 2006 se llamó Wide Receiver (Receptor Abierto); la de 2010 se llamó Fast and Furious (Rápido y Furioso); también se habla de otras como la operación White Gun (arma blanca) y la operación Gunrunner (traficante de armas).
Un funcionario del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en Noviembre pasado que solamente en los últimos cinco años el gobierno de México había recuperado 94 mil armas ilegales, de las cuales el 68 por ciento se declaró procedente de Estados Unidos; lógicamente, no se puede saber cuántas continúan en poder de quienes las han adquirido clandestinamente.
Así pues, al mismo tiempo que hace el gran negocio, el gobierno de Estados Unidos, provoca más violencia y confusión en la sociedad mexicana con el correspondiente debilitamiento de las instituciones. ¿Con qué propósito?
Quisieron encubrir lo que es un simple delito con el ingenuo argumento de que lo que querían era poner una trampa a los narcotraficantes; pero vinieron agentes especiales estadounidenses a realizar una investigación -más acentuada sobre todo después del atentado a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos que viajaban a San Luis Potosí en febrero de 2011, donde resultó muerto uno de ellos por narcotraficantes que también portaban armas ilegales- incluso hicieron detenciones y tramitaron extradiciones, pero nada informaron de sus conclusiones. Es decir que organizan operaciones de contrabando de armas a nuestro país (delito) para venderlas en forma clandestina a los narcotraficantes (delito); luego vienen a nuestro país (con la absurda anuencia de nuestro gobierno); investigan, realizan detenciones (ilegalmente); concluyen la investigación y se van sin entregar informe alguno al gobierno mexicano; finalmente el presidente Obama, que había ofrecido adoptar las medidas correctivas necesarias, se ve obligado a intervenir en defensa de su secretario de Justicia, Eric Holder; y escudado en un “privilegio ejecutivo” que posee el presidente, decide mantener en secreto la información que, de publicarse, seguramente haría caer la cabeza de Holder y desnudaría a los principales funcionarios del gobierno de México que, en lugar de exigir e incluso demandar al gobierno de Estados Unidos ante el tribunal internacional competente, agacha la cabeza como siempre, lacayunamente.
La dimensión del problema es desolador y explica la violenta barbarie que está hundiendo en la ruina al país motivada por la negligencia, la corrupción y la torpeza con que el gobierno mexicano se conduce, facilitando así la creciente intromisión, ya sea clandestina o impúdicamente tolerada, del gobierno estadounidense en nuestro territorio. n
(Continuará)
Aguascalientes, México, América Latina
