Cultura de la ilegalidad constituye factor precursor de violencia: INAP
“La cultura de la ilegalidad se constituye en un factor precursor de la violencia pues no existen límites al abuso de la ley”, dice la hipótesis de un estudio publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), mediante el cual se conmina a todas las alcaldías del país a realizar diagnósticos sobre la realidad social, económica y cultural para diseñar intervenciones en materia de prevención de las violencias.
“Se trata de los factores que inciden o contribuyen al aumento de la probabilidad de que se generen ambientes sociales violentos como: situaciones de profunda desigualdad, discriminación o exclusión, conflictos étnicos o religiosos, despojo de tierras y recursos, desarrollo de grandes conjuntos habitacionales con malas condiciones de habitabilidad, corrupción generalizada e impunidad”.
El documento llama a investigar si la población considera que la ley está de su lado o es injusta, así como a analizar su tolerancia a actividades que eventualmente propician ilegalidad: casinos, apuestas, ferias, y estas, a su vez: impuestos, lavado de dinero, atractivos turísticos y grupos de poder económico o político.
Las corruptelas gestadas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial también deben estar bajo la lupa, pues invariablemente representan un costo para toda población municipal.
Así, se propone privilegiar la formación de “mecanismos de control” como contraloría social, observatorios, consejos consultivos de participación, comités de seguimiento, monitoreo y vigilancia; no obstante se destaca la inviabilidad de permitir que sean los ciudadanos quienes resuelvan todos los conflictos que los rodean.
“La población no reconoce las leyes que piensa son injustas y están diseñadas para el beneficio de unos cuantos… la baja tasa de denuncia de delitos corresponde con la baja tasa de delitos denunciados que son castigados”, se maneja en la página 89.
El contexto hidrocálido expone el caso de Ventura Vilchis Huerta, ex secretario de Salud del Estado, a quien en primera instancia se le acusara del peculado de 1.5 millones de dólares. La controversia estalló cuando al cabo de un par de días preso Guillermo Baltazar y Jiménez, juez III de Distrito, le fijara una fianza de 300 mil pesos.
Ante esta decisión, el Gobierno estatal criticó que un buen número de personas dejaran de recibir atención especializada debido a la desaparición de un tomógrafo.
“Los gobiernos locales (municipales y estatales) exhiben políticas y agendas de seguridad que no brindan cobertura a los sectores más vulnerables de la población, y que no atienden con atingencia un porcentaje alto de los delitos de Fuero Común que se cometen y afectan más a estas poblaciones”, manifiesta el INAP; de igual modo, concluye que dadas experiencias anteriores, la promoción de valores a través de pláticas, talleres y modelos de educación en un ambiente donde predomina la impunidad tiene poca incidencia en la transformación cultural.
Respecto a la acción de las corporaciones policiacas dicha asociación civil detectó desconfianza generalizada, producto de la carencia de medio de vinculación y proximidad ciudadana: “la distribución de la presencia policial en el territorio del municipio obedece a criterios más políticos que de seguridad, privilegiando la protección de los estratos medios y altos de ingreso de la población… no hay estrategias y políticas para revalorar el papel de las instituciones policiales y promover la confianza en ellos frente a la población”.
La discriminación es otro tópico abordado en el estudio. Aquí se exhorta a las autoridades a enterarse de sus causas, pues otra de las hipótesis marca como principales víctimas a migrantes, indígenas, extranjeros, adultos mayores y personas con orientación sexual diversa: “los patrones y prácticas de discriminación son originados en los estratos de altos ingresos y en los sectores blancos de la población, en los grupos de poder político, en las jerarquías religiosas y en los medios de comunicación, y son asumidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Son fuente de profundo maltrato e intolerancia, y tienen como consecuencia la generación de un gran resentimiento”.
A decir del capital social, el INAP enfatiza que las organizaciones comunitarias pueden contener los fenómenos de violencia y colaborar “para el buen vivir”. No obstante, se advierte de que en su seno pueden gestarse conflictos de corte territorial, religioso y hasta deportivo.
Se menciona que inclusive las pandillas, regularmente satanizadas, pueden ser núcleos de virtuosismo siempre y cuando su energía sea canalizada “positivamente” por las autoridades: “pueden ser generadoras de inseguridad en las colonias, los barrios o propiciar seguridad para sus habitantes frente a agresiones de actores externos”.
A modo de implementar lo que se plantea como una nota metodológica, el INAP, por medio de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propone la habilitación de un organismo coordinador en los ayuntamientos del país, el cual debería reunirse periódicamente para delinear acciones.
