- La cuenta pública dictaminada por el Legislativo ordena múltiples reintegros
Las operaciones financieras realizadas por la administración municipal de Aguascalientes a lo largo del segundo semestre de 2010 produjeron que entes como el Órgano Superior de Fiscalización y la Comisión de Vigilancia, ambos del Poder Legislativo, emitieran casi 90 observaciones.
En la número 10, se plantea una denuncia por plagio de documentos.
Manuel Guadalupe Ramírez de la Torre recibió de manos de la autoridad 131 mil 956.85 pesos, a cambio de hacerse cargo de una serie de reformas al capítulo taurino del Código Municipal, pues se pretendía “ofrecer propuestas de modificación reglamentarias para el mejoramiento del mismo espectáculo”.
De acuerdo con los fiscalizadores, “no se justifica suficientemente la contratación ni mucho menos la prestación de un servicio” para el Ayuntamiento, ya que “el trabajo supuestamente realizado es idéntico al texto del Reglamento de Espectáculos Taurinos para el Municipio de León, Estado de Guanajuato, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: http://www.leon.gob.mx/transparencia/sistemas/archivos/legislacion/REGLAMENTODEESPECTACULOSTAURINOS_22.pdf”.
En el dictamen de dicha cuenta pública, aprobado el 30 de julio por los diputados locales, se observa que Alberto Gómez Velasco, ex director general de Gobierno cuando la alcaldía de Adrián Ventura Dávila, argumenta que pese a no estar inscrito dentro del padrón de proveedores, se apeló a quien fue “por varios años juez de diversas plazas de toros, como la Plaza Monumental de Toros de Aguascalientes, además de escribir artículos en periódicos y revistas y de ser reconocido en el medio taurino”, debido a que ningún otro empleado de gobierno estaba capacitado para la labor en comento.
La resolución de los mismos escrutadores indica que “deberá obtenerse el reintegro de la cantidad indebidamente pagada más los intereses correspondientes”.
Líneas más adelante se consigna que el 22 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento empleó una bolsa de 916 mil 151 pesos para liquidar a 15 personas que habían sido contratadas no como empleados de nómina, sino como prestadores de “servicios personales independientes”, por lo cual “carece de legalidad la indemnización por terminación laboral”.
Las tajadas repartidas oscilan entre los 49 mil 193 y los 82 mil 627 pesos.
Así, la sanción dictada por los fiscalizadores a la Contraloría fue exactamente igual a la anterior: recuperar todo el desembolso, con intereses incluidos.
Por otro lado, se apunta que las autoridades municipales no han podido acreditar la entrega de 30 mil sopas instantáneas, supuestamente destinadas a la alimentación “de los detenidos que ingresan a la Dirección de Justicia Municipal”.
Entre julio y octubre de 2010, la administración adquirió todos estos productos, sin póliza, requisición u orden de compra de por medio. Lo que pagó por ellos fue 115 mil 230 pesos.
Dado que esta observación tampoco pudo ser solventada, los contralores de Aguascalientes deberán conseguir otro reintegro absoluto.
En calidad de apoyos, del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2010, seis regidores y el síndico capitalino retiraron del DIF Municipal 8 mil 500 despensas que, en conjunto, representaban un monto 593 mil 419 pesos.
Los regidores que mayor número de unidades utilizaron –mil 500– fueron José Luis Proa de Anda y Abel Hernández Palos. Al síndico Félix Eloy Reyna Rendón le fue entregada la misma cantidad de mercancía, con valor de 104 mil 721 pesos.
Marco Díaz Díaz, entonces director general del DIF, expone en el dictamen de la Comisión de Vigilancia que dichas salidas obedecieron a un ahorro en el presupuesto, motivo por el cual el presidente municipal giró las instrucciones “de adquirir despensas para poder tener más beneficiarios a dichos recursos, cabe señalar que eligió a tales comisiones para llevar a cabo el apoyo de reparto a las comunidades más vulnerables”.
En este sentido, los fiscalizadores declararon la ilegalidad de la maniobra, pues dichos funcionarios cuentan con ministraciones etiquetadas para atención a la comunidad, además de que la reglamentación interna del DIF prohíbe que terceros lleven a cabo la distribución de sus apoyos.
“En virtud de lo anterior, el ente fiscalizado deberá presentar denuncia ante el órgano de control competente a fin de que se inicie la investigación respectiva, se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones administrativas, disciplinarias, resarcitorias y demás a que haya lugar”.
Además, está el pago por prima vacacional para algunos trabajadores por cantidades que duplican lo que legalmente les correspondía y hay ausencia de bitácora en una decena de obras a cargo de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado; son más irregularidades patentizadas en el documento de 400 páginas.
