Recientemente hemos visto en los medios locales columnas y notas que infieren en cierta manera el ámbito político, judicial administrativo, el cómo se ha ido señalando que diversos municipios del estado de Aguascalientes, incluyendo el de la capital, presentan diversas anomalías en lo que respecta a sus cuentas públicas; es decir, el dinero del pueblo y sus manejos, dentro de tales notas y su esquema periodístico se señalan actos de supuesta corrupción, gastos excesivos, y superfluos, falta de comprobación de egresos, compras sin licitaciones, y un sinfín de actos legales administrativos dignos de sancionarse, así como otros que simplemente son omisiones subsanables con suma facilidad, pero también observamos el que diputados, contralores, alcaldes, funcionarios de primer nivel salen a declarar ante la publica opinión rasgándose las vestiduras bajo el grito de que se cumpla la ley a cabalidad y se castigue con todo el peso de la justicia, otros tantos surgen con el viejo, estridente y conocido alarde de “al ladrón, al ladrón” con el objeto de distraer la atención pública sobre sus supuestas trapacerías.
Todo lo anteriormente señalado y hasta la fecha ha quedado solamente en tales actuaciones dignas de premios de la academia de artes actorales, pero la realidad es que después de años de haberse detectado las ilegales acciones, los verdaderos usufructuarios de corruptelas siguen sin castigo legal, ya sea de índole administrativa o penal, constriñéndose tales acciones sólo a lo mediático en donde en respuesta y a preguntas expresas de reporteros, actores sociales exigen que caiga todo el peso de la ley sobre los probables responsables. No cabe la menor duda de que en los tiempos que se viven en nuestro estado y que conllevan el futuro político de muchos participantes en el escenario público, el manejo faccioso de las declaraciones y notas programadas en boletines y respuestas preparadas por los gritones, llevan consigo el mezquino interés de ya sea afectar individuos, o bien, distraer y solapar esos manejos discrecionales de dineros del pueblo que, en las más de las ocasiones, se resuelven en negociación bajo el esquema de conveniencia o el intercambio de documentos comprometedores que tienen unos y usan contra otros y que éstos, a su vez, muestran colmillo revelando los que se tienen contra los primeros, como contrapeso de acusaciones ciertas o falsas, es decir, que si uno acusa el otro amenaza con exhibir lo que pose para dañar a éste. Derivado de mi formación como licenciado en derecho, me es claro que si alguien despose ilegalmente de un bien a otro, o le causa un daño de carácter patrimonial en su propio beneficio comete un antisocial reprochable por la Legislación Penal, y que no importa si finalmente este individuo regresa el numerario, o intenta resarcir el daño, esto no es obstáculo para que se proceda penalmente con su contra, pues el ilícito ya fue consumado, como ejemplo señalo que quien comete el delito de robo lo hace desde que se apodera de la cosa sin permiso de quien tiene derecho a eso, y subsiste aunque este haya devuelto el bien. De igual forma, hemos observado cómo, con el objeto de que la sociedad obtenga cierta “satisfacción” sobre las acusaciones manifestadas por los funcionarios responsables de vigilar el uso de los bienes públicos, se señala con estridente índice de fuego a funcionarios de segundos y terceros niveles sacrificables, o soltados de la mano del poderoso y caídos en desgracia para que sean quemados en la hoguera social. (Como un ex alcalde carente de fuero), y después con el pecho hendido señalarlos como los culpables de tan deleznable proceder, pero a la fecha ninguna cabeza ha caído en tales desgracias, y nunca han sido tocados por el roce de un citatorio que pudiera poner en duda su “honorabilidad”. La Constitución Federal señala con toda precisión que todos somos iguales ante la ley, pero como dice el dicho, existen unos más iguales que otros, por lo que la ley no es pareja en su aplicación, y el juicio sumarísimo de la prensa es, en muchas ocasiones, rápido y efectivo, pues da culpables y deslinda a otros sin haber pasado por procesos de cualquier índole.
Asimismo, nos preguntamos, ¿cuándo un contralor estatal o municipal será capaz de citar a su jefe o jefa a que declare sobre irregularidades?, ¿cuándo un procurador mandará llamar a su superior con el objeto de inquirirlo sobre cualquier tema?, respondo, nunca; la solución es simple, por que los diputados no actúan con responsabilidad y legislan a favor de órganos de control y fiscalías independientes que por consecuencia no dependan más que de la sociedad sin encontrarse “atados de manos” para aplicar la ley, además del riesgo de perder la chamba, obvio, pues porque el sistema imperante tiene como lógica perversa el tapaos los unos a los otros, el aquí no pasa nada y todo se olvida y así con esas provocadas deficiencias de sistema el que se castigue a los verdaderos culpables es como pedirle peras al olmo.
La aplicación de la ley llega más pronto para los contrarios que para los de casa, pues al momento de estar escribiendo esta columna los medios electrónicos señalan la detención del ex alcalde de Calvillo.
