- Ninguno de los tres poderes ha realizado labor completa en este caso
- Por supuestas inconsistencias financieras emitirán el pliego a la Comisión de Vigilancia
Se ejercerá presión parlamentaria sobre la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, señaló el diputado panista Alfredo Reyes Velázquez, con vistas en que ésta ponga manos a la obra y dilucide los motivos que condujeron a que el Instituto Estatal Electoral (IEE) sume un periodo prolongado sin contralor interno.
“Todo organismo, así sea autónomo, salvo los sindicatos, tiene que dar cuentas a la autoridad porque maneja dineros públicos, no es una empresa privada”.
Cuando la prensa anotó que según el propio instituto diversas solicitudes de nombramiento habían sido emitidas hacia la diputación en el pasado, opinó que los tres poderes del Estado deben hacer su parte: “cada quien debemos actuar de acuerdo a nuestras responsabilidades”.
Asimismo, Reyes comentó que Arturo Solano López, quien funge como titular del Órgano Superior de Fiscalización, es otro de los primeros obligados a prestar atención al caso. Criticó que durante la aprobación de las cuentas públicas de los 11 municipios y la administración de Luis Armando Reynoso Femat apenas se haya presentado en la sala del Pleno.
Durante la rueda de prensa Jorge López Martín, presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, mencionó que las comisiones de Vigilancia y Asuntos Electorales, a cargo de los priístas Arturo Robles Aguilar y Jorge Delgado Delgado, respectivamente, pecan de inactividad en la materia.
Al referir que en últimas fechas elementos del blanquiazul, Jesús Soto López y Ventura Vilchis Huerta, han caído presos por peculado, declaró: “en el PRI, los legisladores quieren medir a unos con una vara de determinado tamaño, y a otros con otra”.
Tras aseverar que el PAN no encubrirá a dichos funcionarios de ser hallados culpables, ratificó la presentación de la denuncia penal en contra de los cinco consejeros del IEE, a quienes se les señala el peculado de 15 millones de pesos producto del “sobresueldo” percibido desde hace tres años.
Al comentar que hace tres años el instituto no es auditado, dijo: “existe un ánimo de no fiscalizar al órgano electoral”. Se patentizó que el peculado alcanza penas de tres a seis años en prisión.
