- El título de concesión es un acuerdo de partes: Sergio Gómez Partida
- Algunos directivos de la dependencia municipal tienen un bajo coeficiente intelectual
Fue en 1993 cuando la administración capitalina privatizó el servicio de agua potable. Tres años más tarde, durante la gestión del panista Alfredo Reyes Velázquez, el título de concesión otorgado al consorcio francés CAASA sufrió una serie de modificaciones que, de acuerdo con una auditoría practicada por el Tecnológico de Monterrey tanto a dicho organismo como a la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), es el origen de atropellos al consumidor.
El estudio técnico, que es no financiero ni contable, generó 109 observaciones, 25 de las cuales son para la concesionaria, quien entre otras cosas adolece de ocultamiento del padrón de usuarios, cobros que generan excedentes mensuales por un total de 8.9 millones de pesos, comodidad para invertir en la reparación de ductos, implementación de tandeos bajo el argumento de “razones estratégicas” cuando aumenta el costo de la energía eléctrica, además de la adopción de tarifas a modo.
Otro punto crítico, señaló al momento de presentar los resultados Sergio Gómez Partida, consultor del tecnológico, es que de los 80.5 millones de metros cúbicos de agua que se extraen cada año, sólo se factura el 44 por ciento y se cobra el 27.
“La eficiencia global es del 30 por ciento”.
Apuntó que de las 250 mil tomas con que cuenta la capital, el 59.37 por ciento brinda un servicio “pésimo”, lo cual equivale a no tener presión suficiente ni abasto las 24 horas.
Toda vez que Aguascalientes es la ciudad con mayor número de tinacos y aljibes per cápita del país, refirió Gómez, sobrevive entre la población una sensación de satisfacción no obstante la realidad de las cosas.
Al referir que la local es el agua más cara de México, según un cómputo realizado el año pasado, añadió que en CAASA es usual el “ocultamiento generalizado de los costos” de operación, así como la toma de decisiones de tipo privado para ejecutar proyectos públicos.
Por otro lado, se comentó que la empresa no tiene empleados bajo su responsabilidad, pues los contrata a través de una filial, y todo con cargo al erario.
“Es como tener a un alumno sin boleta de calificaciones”.
El consultor comentó que la Organización de las Naciones Unidas considera que los usuarios del agua únicamente deben cubrir el 1 por ciento de su costo, en tanto que para CAASA lo indicado es que la población corra con gastos del 5 por ciento.
Tras advertir, ante autoridades municipales, que la ciudadanía desconoce la magnitud del problema, apuntó que en Aguascalientes existe una limitada gobernanza sobre este líquido.
Diversos señalamientos produjo esta auditoría sobre CCAPAMA.
Se evaluó el coeficiente intelectual de 103 funcionarios con los sueldos más altos. 14 de ellos obtuvieron “deficiente”, y otros 22 “término medio bajo”.
Respecto a esta misma muestra, se determinó que el “46 por ciento del personal evaluado de los puestos de mayor nivel de ingreso, tiene una capacidad de aprendizaje insuficiente, clasificada en término medio bajo y deficiente”.
Fueron 62 de estas mismas personas calificadas como no aptas para desempeñar un puesto de mando.
Dado que en la dependencia el alto nivel de estudios no es sinónimo de altas percepciones, el estudio llama a instrumentar un proceso de regeneración interna.
Del mismo modo, se hace referencia a que CAASA incumple 25 de los mandatos de la concesión.
Factura con aire en la red al carecer de un sistema que no cierra herméticamente, cobre “servicios no brindados” a usuarios de estratos bajos (no tienen drenaje y pagan tarifa completa), realiza descuentos bajo criterios propios afectando la contabilidad de CCAPAMA, maneja usuarios cuyo tipo de uso de agua no corresponde a la realidad, además de exhibir una cartera vencida similar a la de 2007, año en que hubo adeudos por 50 millones de pesos, mismos que se “vendieron” al Ayuntamiento por 10 millones.
“La concesionaria no paga el agua que consume en sus centros de atención al cliente; sin embargo, aunque no le paga renta a la CCAPAMA por el espacio usado en sus instalaciones, sí le cobra el agua a la dependencia municipal”.
La idea de que la modificación practicada en 1996 al título de concesión favorece a CAASA estuvo presente en todo momento.
El documento publicado expresa que tras esta maniobra, el Municipio quedó sin una sola facultad sancionadora, se anula la responsabilidad de reponer la infraestructura hidro-sanitaria por pérdida de vida útil, la potabilización del agua se lleva a cabo de manera parcial, se factura con cargo a la hacienda pública toda clase de insumos, gastos publicitarios y “otros”.
“El título de concesión fue un acuerdo de partes”.
Ante este panorama, los auditores aconsejaron insertar un Consejo Técnico a CCAPAMA, con fines de asesoría.
Sergio Gómez anotó que CAASA es un “monopolio natural” que requiere un freno por parte de la autoridad.
