Tal como Felipe Calderón, el usurpador, y Enrique Peña Nieto, el impostor, lo pactaron, la Reforma Laboral quedó lista para que el Senado de la República la apruebe sin sobresaltos, según lo convenido entre la oligarquía mexicana y los partidos políticos afines a sus intereses.
El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que muy pocos diputados federales y senadores han leído, contiene 243 artículos que se reforman, 121 que se adicionan, 41 que se derogan y 17 disposiciones transitorias. La iniciativa incorpora la definición de “trabajo digno o decente” como si con este término se inaugurara una nueva forma laboral en el país. Se incluyen nuevas modalidades de contratación: los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y los contratos para el trabajo de temporada. Sin embargo, la parte más polémica fue el tema de la “subcontratación”, donde un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Esta práctica conocida como “outsourcing”, que ya operaba en México, se legaliza, ampliando su definición y normatividad. En el trabajo por temporada, en el empleo a prueba y por capacitación inicial se establece que las relaciones de trabajo pueden ser por “obra” o “tiempo determinado”, “por temporada” o por “tiempo indeterminado”. En el caso de “tiempo indeterminado”, cuando el contrato supere los 180 días o seis meses, se podrá establecer un periodo a prueba de un mes, pero para empleados de dirección, puesto gerencial y administrativos, el periodo de prueba podrá extenderse otros seis meses. Para ese tipo de empleos, el trabajador tendrá derecho a salario y prestaciones de acuerdo a su categoría. Si de acuerdo al patrón, la persona no cubre los requisitos, se dará por terminada la relación laboral “sin responsabilidad para el patrón”. Las vacantes serán ocupadas en función de la productividad y no de la antigüedad. Para la capacitación inicial, la contratación máxima será de tres meses, con prestaciones y salario de acuerdo al puesto y de terminar la relación laboral, el patrón queda libre de responsabilidad. Cuando una persona sea despedida, se deberá dar aviso en “forma indistinta”, dentro de cinco días hábiles siguientes a la separación de su empleo, y la notificación podrá ser personal o “por correo certificado”. Si no existe aviso, el despido será injustificado y el afectado tendrá derecho a demandar indemnización por tres meses de salario. Para el pago por hora o “por unidad de tiempo”, se establece que el patrón y el empleado convendrán el monto del salario, que no podrá exceder un salario mínimo, ni las horas reglamentarias de la jornada legal. En materia sindical todo se mantendrá incólume. No habrá voto directo ni secreto del total de agremiados a un sindicato para elegir libremente a sus dirigentes. No podrán reclamar los trabajadores el reparto de bienes de un sindicato en caso de disolución; tampoco tendrán la obligación de rendir cuentas detalladas del patrimonio sindical, incluyendo ingresos por cuotas sindicales y su destino. Y lo que es peor, ningún trabajador inconforme tendrá derecho a solicitar transparencia en el uso de fondos sindicales ni acudir a instancias y procedimientos internos, o en último caso, a la Junta de Conciliación y Arbitraje. En síntesis, esta “Reforma Laboral” ni hará más productivo al país, ni resolverá el grave problema de desempleo existente. Por el contrario, los patrones agrupados en la Coparmex, en su mayoría apátridas y serviles, acomodaticios y rapaces como ellos solos, ya les anda por conocer el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 que el PRIAN aprobará para que sus empresas proyecten sus ganancias con base en la nueva legislación laboral. Vendida como un producto “milagro” esta “Reforma Laboral” es otra más de la puñaladas a los trabajadores de México. Los futuros empleos que ofrecerá el gobierno impostor se basarán en contratos por “hora”, que nos llevan a un ejercicio de reflexión. Si el IMSS dice que para jubilarse debes tener 60 años de edad y mil 250 semanas cotizadas, trabajar 3 horas diarias requiere cotizar 64 años de trabajo y si la persona comenzó a laborar a los 20 años, su jubilación se alargaría hasta los 84 años… Así las cosas, los beneficios no se encuentran del lado del trabajador. Pobre país, atrapado en la simulación sindical y condenado a sufrir los atropellos sistemáticos de una élite que para mantener sus privilegios compró hasta la Presidencia de la República. n
nora.ruvalcaba.gamez@gmail.com
