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viernes, diciembre 5, 2025

Primer paso de Iglesia hacía las aulas es como se ha interpretado reforma al Artículo 24

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  • Modificación no fue petición de las más de 7 mil 500 asociaciones religiosas registradas
  • Continúa la oposición civil por posible reforma al Artículo 24 constitucional 

Representantes de la Gran Logia del Estado de Aguascalientes Edmundo Games Orozco, de la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía, así como del Foro Cívico México Laico, instaron a Congreso del Estado, a través de su Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a no ser una de las legislaturas locales que respalde el dictamen de la Cámara de Diputados cuyo objeto es adherir a la carta magna el concepto de “libertad de convicciones éticas”.

Archivo LJA | Foto: Víctor Pérez

En su exposición de motivos, los ahora activistas señalaron que dado el caso, el gobierno quedaría facultado para determinar qué comportamiento es ético y qué otro resulta antiético, violando la privacidad religiosa de la ciudadanía.

Hugo Flores Reyes expuso: “Foro Cívico México Laico cree que es una reforma innecesaria, que no fue a petición de las más de 7 mil 500 asociaciones religiosas registradas… ¿Cuáles convicciones son éticas al ser la sociedad mexicana plural? No existe una convicción uniforme, la eutanasia, la clonación, el aborto responden a convicciones éticas, ¿quién va a calificarlas?.. El Estado tendrá que definir, pero al hacerlo se convertirá en juez de las convicciones personales”.

Refirió la gestación de un gobierno totalitario, pues habría que establecer tribunales morales si la mayoría de las legislaturas locales aprueba la minuta de la Cámara Baja. “Sólo los estados totalitarios pretenden calificar las convicciones de la población, ahí vemos un primer problema”.

Asimismo, el representante de la asociación apuntó que se cae en inexactitudes cuando se habla de instrumentar una iniciativa nacida al seno de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional como medio para armonizar la legislación mexicana con los tratados internacionales.

La libertad de convicciones éticas no está presente, dijo, en ninguno de los siguientes documentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

“Hay una ética pública que el Estado promueve, como es la democracia y los derechos humanos, pero al entrar a una ética privada vemos el grave problema que se va a generar”.

A su vez, el diputado Miguel Ángel Juárez Frías reconoció la posibilidad de una intervención estatal en la vida de los particulares; no obstante refirió que el dictamen aún está en estudio. Manifestó también que el Senado, quien en esta ocasión actuó como cámara revisora, ha certificado que el planteamiento de sus pares en San Lázaro no conllevaría modificaciones sobre el Artículo 3 de la Constitución Política, lo cual deja intacto el principio de laicidad en la impartición de la educación pública. Si tal concepto se viese en peligro, aseveró el priísta, su voto iría en contra de la iniciativa de reforma.

En su momento, Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, anunció la próxima realización de un foro de consulta con un especialista en religiones, a fin de clarificar el tema. De idéntico modo llamó a no adelantar juicios sino hasta entender si este tópico obedece a una dinámica legislativa proclive a la “reformitis”.

Reunidos en el Salón Aquiles Elorduy del Poder Legislativo, algunos de los manifestantes señalaron al Episcopado Mexicano como el principal beneficiario de una eventual modificación constitucional.

Se citó un comunicado de prensa emitido por sus oficinas el 7 de febrero de 2012, mediante el cual se acepta que la mayor parte de la sociedad es ajena a la iniciativa. Sectores civiles han interpretado esta reforma como el primer paso de la Iglesia hacia las aulas.

Los panistas Alfredo Nieto Estébanez y Alfredo Reyes Velázquez participaron del diálogo. El primero no se dijo conforme con la posibilidad de que un juez opine sobre los asuntos personales, mientras que el segundo comentó que el ex senador Santiago Creel Miranda, uno de los revisores de la minuta de los legisladores federales, tiene la disposición de viajar a Aguascalientes para entrar en detalles.

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