- Se ventilará a quienes estén atentando contra recursos públicos
Una vez más, un grupo de organizaciones civiles se congregó para manifestarse en contra del manejo que se está dando al Observatorio Ciudadano Municipal, pero en esta ocasión presentaron lo que consideran como “pruebas” sobre las irregularidades desarrolladas al interior de este organismo ciudadano, mismas que aseguran, van a soportar una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de la mala dirección que se está dando a esta dependencia municipal.
Uno de los propósitos de este grupo de ciudadanos es hacer público el mal actuar del Observatorio Ciudadano, y evidenciar el mal manejo que los responsables de este organismo han dado al mismo, asegurando que éste ha sido un trabajo que se ha realizado mediante una auditoría externa, labor que han sido incapaces de realizar de forma interna las autoridades. Sostuvieron que el desempeño de las autoridades en esta dependencia representa un delito, llamado ejercicio indebido del servicio público, situación por la que es necesario interponer una denuncia penal ante quienes resulten responsables.
Algunas de las pruebas presentadas por las organizaciones civiles son: la omisión de la publicación para concursar en proyectos, con la intención de obtener recursos de apoyo a las organizaciones civiles; un excesivo gasto de recursos en viajes que no son transparentados; formas indebidas de pago a los trabajadores; condicionamiento de entrega de recursos a las organizaciones y condicionamiento de pago a los trabajadores; requerimiento de excesiva participación de las organizaciones a cambio de la entrega miserable de recursos y que a fin de cuentas resulta en deserción de los participantes; discriminación y malos tratos de los empleados por parte de la coordinadora de esta dependencia, así como acciones de la misma índole por parte de la encargada de vinculación con las organizaciones civiles, entre muchas más pruebas que fueron presentadas.
En definitiva, lo que buscan estas organizaciones es eliminar la posibilidad de que los funcionarios públicos accedan a sus encargos con la finalidad de hacerse de recursos de forma indebida, esto independientemente de quienes resulten responsables directos de este supuesto actuar delictivo; también se busca castigar a quienes estén solapando este tipo de acciones, pues consideran que la población está cansada de que los funcionarios se lleven los recursos que le pertenecen al pueblo.
