- No estamos perdonando a nadie: Heriberto Gallegos Serna
- Irresponsables las imputaciones del PAN, no habrá impunidad
Las cuentas públicas de toda la administración hidrocálida, correspondientes a las operaciones financieras de 2011 fueron aprobadas por la mayoría del Pleno, después de que los cuatro diputados panistas decidieran no respaldar los dictámenes de la Comisión de Vigilancia porque éstos no mandaban la inmediata intervención del Ministerio Público, en los casos de agravios sobre las arcas del gobierno.
Frente a los medios, los priístas integrantes de la Comisión de Vigilancia, así como Heriberto Gallegos Serna, del Partido Nueva Alianza (PANAL), señalaron que Acción Nacional caía en la irresponsabilidad, pues el procedimiento fiscalizador indica que la autoridad judicial debe ser emplazada hasta una segunda instancia.
En este sentido Gallegos expuso que “hay un principio del amparo que es la definitividad, eso implica que se tienen que agotar todas las etapas procesales antes de llegar a él. Si no agotamos la primera que es ante los órganos internos de control el procedimiento va a quedar viciado en su primera etapa… de lo contrario nos lo van a tumbar fácilmente”.
Se explicó que los artículos 7 y 8 de todos los dictámenes indican que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) será el encargado de dar vista de determinada observación a las contralorías internas de todas las dependencias. El Ministerio Público podría entrar a escena si éstas no responden de manera satisfactoria en un periodo de cuatro meses, o el OSF podría atraer el asunto para imponer multas o recuperar dineros por vías administrativas.
José Ríos Alba, del tricolor, manifestó que la exposición del panismo fue errónea, pues al cabo de una reciente reforma a la legislación el citado OSF cuenta con todas las facultades sancionadoras.
“La ley es muy clara al respecto, pero se tiene que seguir un procedimiento sustentado, nosotros hoy [ayer] vamos a presentar lo que no fue solventado… no vamos a exhibir funcionarios públicos de ningún instituto político que hayan hecho malversación de fondos, ése es un avance muy importante”.
En su momento, Arturo Robles Aguilar, presidente de la Comisión de Vigilancia, dijo: “queremos que la rendición de cuentas sea una realidad, que quien ha cometido anomalías sea sancionado, no va a haber impunidad”. De igual modo apuntó que ya han sido penalizados algunos ex funcionarios de la administración de Luis Armando Reynoso.
El representante del PANAL añadió que “no estamos perdonando a nadie, estamos aprobando los dictámenes que contienen las irregularidades detectadas”.
El propio Robles señaló que Jesús María es el municipio con la mayor cantidad de observaciones y, enseguida, dio lectura a varios de los desajustes detectados.
Denunció el poco interés de muchas cabeceras en lo tocante a recaudar con eficacia los impuestos por agua potable y predial.
Calvillo tendría una cartera vencida por predial “importantísima”, superior a los 16.5 millones de pesos, adeudo a personal liquidado por más de 2 millones y, entre otras cosas, un deficiente fideicomiso para “transporte de estudiantes”.
Cosío presentó “pagos liberados sin la debida identificación de quien recibe”, préstamos personales por recuperar: 60 mil pesos, además de la pérdida de 252 mil por facturas vencidas.
Mientras que en Pabellón de Arteaga las actividades cívicas y las reuniones oficiales superaron por un millón 364 mil pesos lo presupuestado para 2011, en la capital del estado se detectaron múltiples pagos por asesorías injustificadas, erogaciones sin comprobantes fiscales, retenciones a terceros sin enterar, viáticos superiores a los autorizados, expedientes incompletos en gestiones ante la federación y subejercicios del 2010.
En el caso de Gobierno del Estado se dio cuenta de adquisiciones carentes de licitación, irrespeto por los límites presupuestales, faltantes de bitácoras de obra, “falta de claridad y transparencia en los procesos de adjudicación”, pago de impuestos con recursos federales y no con estatales.
