- 330 mil personas han sido consignadas por posesión de drogas en todas las entidades
- El 71% de la carga laboral de los ministerios púbicos radica en la integración de averiguaciones previas relacionadas con los delitos contra la salud
Con las premisas de salvaguardar el derecho a la salud, disminuir las erogaciones del Estado y atender lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha señalado como las principales preocupaciones ciudadanas (secuestro, violación, homicidio y robo con violencia), Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recomendó a la Legislatura local priorizar sus acciones en torno al combate al narcotráfico.
Al manifestar que la persecución de delitos contra la salud ha generado cerca de 60 mil muertos, destacó que de 2004 a la fecha 330 mil personas han sido consignadas por posesión de drogas en todas las entidades, y que el 71 por ciento de toda la carga laboral de los ministerios públicos radica en la integración de averiguaciones previas relacionadas, precisamente, con los delitos contra la salud.
En reunión con el diputado Gregorio Zamarripa Delgado y representantes de la abogacía de Aguascalientes, Pérez Correa anotó que la sola apertura de un proceso penal a cada elemento de este universo delincuencial demanda 12 mil pesos del Estado.
Asimismo refirió que la sentencia promedio por narcomenudeo es de 4.5 años, lapso en el cual el gobierno debe gastar 297 mil 417 pesos por indiciado.
Mantener a un preso cuesta en promedio 127 pesos diarios.
Refirió a su vez la rentabilidad de invertir en la prevención de conductas antisociales, y expuso que si bien los delitos relacionados a la venta de drogas no deben dejar de ser perseguidos, los congresos estatales tienen la facultad para modificar su respectivo Código Penal para establecer sus prioridades, mismas que deberían apuntar a satisfacer a la ciudadanía que percibe una guerra contra el narcotráfico en cuyo entorno ha florecido el consumo de estupefacientes.
“Las procuradurías tienen que funcionar en términos de esa priorización de recursos”.
Expuso que pese a los esfuerzos en la persecución la ingesta de metanfetaminas en Nueva York no se vio disminuida hasta que la policía difundió en carteles los “espantosos” efectos de la sustancia sobre el cuerpo humano.
“La estrategia de apretar la prohibición no genera una reducción en la violencia [derivada del comportamiento de los usuarios de sustancias: robos, alteraciones de carácter]… y sí aumenta la violencia que son los 60 mil muertos que estamos viendo, las desapariciones forzadas, el desprestigio del Ejército… por supuesto que nos tiene que preocupar el consumo, pero la vía penal y la vía de la utilización de la fuerza pública no es la forma de reducirlo”.
Respecto a la legalización de la mariguana en los estados de Washington y Colorado, dijo la investigadora del CIDE, México quedó mal parado pues los criminales mexicanos, diezmados económicamente por dicha política, podrían buscar nuevas alternativas para reponer los ingresos: crimen organizado, tráfico de armas.
Señaló que legalizar el uso de esta planta podría aligerar la carga del gobierno mexicano. Añadió que contrario a lo sucedido con el tabaco y el alcohol no se ha documentado una sola muerte atribuible al empleo de la mariguana.
Por su parte Gregorio Zamarripa, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, concluyó al citar la necesidad de una reforma que permita a los estados tipificar en materia de delitos contra la salud.
Se trataría de “no caer en el garlito en que ha caído el Ministerio Público federal, de perseguir a todo mundo y catalogar a quién lleva y no lleva tratamiento sanitario, a quién sí consigna y a quién no. Se ha colapsado el sistema de justicia atendiendo casitos de narcomenudeo y no los de homicidio”.
Pie de foto: El sistema judicial mexicano se ha “colapsado” al ocuparse mayoritariamente de los casos de narcomenudeo, expuso el diputado Gregorio Zamarripa Delgado
