- La integración de dichos comités constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas
- Participan los coordinadores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, personal de los centros de maestros y directores de escuelas, así como docentes de las instituciones educativas
A partir de hoy y hasta el 7 de diciembre de este año, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), a través de la Dirección de Desarrollo Educativo, llevará a cabo en los centros de Desarrollo Educativo del Estado la constitución y registro de los comités de Formación Continua 2012, con lo cual se espera que cerca de 4 mil personas reciban capacitación en una primera etapa.
Emma Ofelia Rocha Colis, directora de Desarrollo Educativo, señaló que en esta fase se establecerán 57 comités de Contraloría Social de Formación Continua. Dicha acción se efectuará a través de los Centros de Maestros o Áreas Académicas, considerando profesionalización de docentes en la enseñanza de las matemáticas, el español y las ciencias.
Destacó que el año pasado se lograron constituir 103 comités a nivel nacional con 747 integrantes, 57 de ellos, conformados por 532 integrantes corresponden a nuestra entidad.
Cabe señalar que la Contraloría Social es la instancia de participación de los maestros de educación básica en servicio, por medio de la cual pueden llevar a cabo la evaluación de los servicios que reciben a través del Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCSP), para constatar que éstos se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.
Dichos servicios se ofrecen a los coordinadores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, personal de los centros de maestros y directores de escuelas, así como a un docente por cada institución educativa.
La directora de Desarrollo Educativo mencionó que la Contraloría Social constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, y es el mecanismo que hace posible que las figuras educativas de educación básica, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a dicho programa. De esta forma, se establece una relación de corresponsabilidad entre los beneficiarios y los servidores públicos que lo ejecutan.
Por tal motivo, opera a través de dos actores fundamentales: los ejecutores, que son las personas que ejercen los recursos públicos del programa y los beneficiarios, representados por las figuras educativas en servicio. Esto con la finalidad de contribuir a elevar el logro educativo de los alumnos de educación básica, generando las condiciones normativas, financieras, tecnológicas y de gestión para impulsar la formación continua y la profesionalización de los maestros y autoridades, garantizando su acceso a programas y servicios educativos de calidad, pertinencia, relevancia y equidad.
