Tú pídele a tu Dios que te salve y yo te seguiré golpeando hasta que Él aparezca.
(El Conde de Montecristo, filme).
Autoridades mexicanas y su fuerte afición por la tortura. Recientemente el Comité Contra la Tortura, (CAT, por sus siglas en inglés), emitió informe sobre la prevalencia en el irrespeto a los derechos humanos, en cuanto a la figura del arraigo, desaparición forzada, tortura, tratos denigrantes entre otros; informe por demás preocupante. Asimismo el día miércoles 28 de noviembre el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló ante medios que el crecimiento en el índice de denuncias subió del 2006 al 2011 en cinco veces más. El gravísimo incremento de las violaciones a derechos fundamentales de los mexicanos fue también parte de los comentarios del abogado Santiago Corcuera, quien fuera integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como uno de los cinco expertos que integran el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del que fue Presidente durante el periodo 2006-2009, y quien señala que en México el estado que se guarda está cerca de ser un estado de excepción ante los altísimos índices de tortura, desapariciones forzadas, autoincriminaciones mediante declaraciones arrancadas con golpes y vejaciones. Simplemente calificó que los mexicanos vivimos una verdadera crisis humanitaria.
La figura del arraigo en Aguascalientes se encuentra establecida en la Legislación Penal con reglas un tanto claras de cómo debe de efectuarse éste, pero en la práctica común se lleva indebidamente a lo preceptuado en ley, pues claramente prescribe el ordenamiento de que tal medida se deberá efectuar en el domicilio del probable responsable quien permanecerá vigilado por elementos policiacos durante el tiempo de la medida cautelar, pues la presunción de inocencia sigue vigente en nuestra carta magna, aunque este principio no se respete. Esta figura debe de desaparecer pues no podemos detener para investigar sino investigar para detener, máxime que durante esta ilegal detención se está a merced de verdaderos representantes y verdugos de la época inquisitoria.
Nos preguntamos algo: si Usted fuera víctima circunstancial de policías o militares que debido a X motivo lo detuvieran y a fuerza de golpes, bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos en los genitales y otras “linduras”, más la amenaza de que si algo dice o denuncia saben dónde vive, conocen a su familia, horarios, dónde estudian sus hijos, etc. lo acusarán de un ilícito; ¿se animaría Usted a denunciarlos?, Simplemente el recuerdo del dolor, de los rostros cubiertos o no de los individuos vejándolo, amenazándolo sería suficiente para después del amarguísimo trago querer olvidar todo, pues las secuelas en muchos casos son inolvidables, además de las secuelas que esto tiene al interior de las familias. (Caso Radilla)
En Aguascalientes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no es más que un edificio hueco, sin presencia real en la sociedad, su Presidente se dedica más a colocar familiares de políticos en los puestos administrativos y operativos de la Institución que a velar realmente por la defensa de los ciudadanos agraviados.
México es un país muy inseguro, la guerra iniciada por Calderón no sólo ha provocado muertes sino también desplazamientos de ciudadanos debido a que en donde habitan la vida se ha tornado imposible, pues la impunidad campea férreamente, la autoridad está prácticamente desaparecida, además de que se lanzó a este combate teniendo en la retaguardia a cómplices de los criminales disfrazados de policías, instituciones filtradas por la delincuencia en una enferma simbiosis. Con estos soldados no se puede ganar la guerra.
El delito del fuero común a diferencia de los denominados de alto impacto son la mayoría, los que más afectan a los ciudadanos, el robo a casa habitación, autos, tipo cristalazos, cables de cobre, bombas de agua, y hasta antenas de televisión constituyen el gran universo del crimen en México, pero sólo para el combate al crimen organizado se han destinado la gran mayoría de los recursos económicos, dejando de lado a las policías locales que deberían combatir lo que más afecta a la colectividad.
Sólo cerca del 8 por ciento de los delitos se denuncia, y los que llegan a sentencia condenatoria es aún más bajo.
Dentro de las medidas propuestas para ir subsanando la deficiente investigación de los delitos y la corrupción dentro de muchas procuradurías del país es necesario realmente escoger a las mejores mujeres y hombres para la función investigadora y policiaca, capacitar, y vigilar de cerca las actuaciones de los representantes populares, evitar el tortuguismo.
Urge independizar a la Procuraduría de Justicia del Poder Ejecutivo, darle esa autonomía necesaria pues la suprasubordinación del órgano persecutor del delito a esta instancia provoca la politización y aplicación discrecional de la “justicia”. Debemos ir al fondo de los problemas sociales pues México se está prácticamente desangrando. Podemos considerar que la gran mayoría de los muertos del Calderón son sicarios, o vendedores de drogas y con eso justificar la matanza, pero también debemos recordar que las circunstancias que vive el país han generado el caldo de cultivo para que miles de jóvenes se unan a las filas de la delincuencia, que si otra oportunidad hubieran tenido tal vez serían hombres de bien, pero no ha sido así, y de esto simplemente culpo al presidente saliente pues nada hizo por cambiar de fondo el problema.
