- Sólo un Poder Ejecutivo decidido puede acortar la brecha: Conapred
- El Reporte sobre la discriminación en México anota cinco recomendaciones para reivindicar el papel de este organismo
Formalizar la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ante la ley y generar un compromiso real para que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados extiendan el presupuesto para fortalecer al organismo, son dos de las recomendaciones resultado del Reporte sobre la discriminación en México, elaborado por el propio Conapred.
“La gama de leyes, instituciones y organismos surgida durante los últimos 12 años requiere ahora un curso definido por la racionalidad, la eficacia y la articulación para que realmente se logre” incidir sobre los índices de discriminación laboral, penal y de derecho a la salud, determinó este reporte, toda vez que los esfuerzos del Estado se han generado de manera “casuística”, después de presiones de grupos oprimidos como el zapatista.
El estudio coordinado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a través del investigador Ricardo Raphael de la Madrid, señala que “lo anterior requeriría de un replanteamiento, desde el más alto nivel, donde el gabinete de política social del Poder Ejecutivo Federal fuese capaz de orquestar los esfuerzos dirigidos hacia la igualdad de trato y oportunidades a través de una acción coordinada y bien priorizada. Acaso sólo esa instancia sería capaz de fijar, bajo la conducción de la Presidencia de la República, responsabilidades precisas, metas, indicadores, rutas de acción, programas y políticas públicas”.
El propio Conapred reconoce que aunque fue creado para armonizar las labores de los tres niveles de gobierno, sus funciones han quedado en “letra muerta”. A su vez identifica cinco elementos que han minado la lucha contra la discriminación: falta de voluntad y visión por parte del Estado mexicano, la dependencia sólo tiene atribuciones en el ámbito federal, está sectorizada a la Secretaría de Gobernación y no a la de Desarrollo Social, se le caricaturiza como simple interventora en conflictos políticos.
Expone que “contra toda lógica previsible” los entes del Gobierno Federal no están obligados a ceñirse a lo dispuesto en el Programa Nacional para Eliminar y Prevenir la Discriminación.
“A lo anterior habría que añadir que hoy este documento tampoco es referencia obligada para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que cada seis años elabora el Ejecutivo Federal. Si tal circunstancia fuese modificada, las políticas antidiscriminatorias del Estado mexicano tendrían consecuencias transversales sobre el conjunto de programas y acciones de gobierno, en todos los ámbitos, temas y materias que son susceptibles de mejorar los niveles de igualdad entre las y los mexicanos”.
Tras indicar que los luchadores sociales tampoco han encontrado un sitio en la agenda oficial, como se mencionó anteriormente, el Reporte sobre la discriminación en México anota cinco recomendaciones para reivindicar el papel de la Conapred.
Formalizar su existencia ante la ley, promover un compromiso real para que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados extiendan el presupuesto para fortalecer este renglón, elevar el mandato, de tres a cinco años, para quien ocupe la presidencia del consejo, involucrar en su nombramiento no sólo al presidente de la República, sino también al Senado, y desectorizar o resectorizar al Conapred dentro de la administración pública federal.
Con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, vinculada al derecho a la salud, el documento observa que “mientras las mujeres que están en el Distrito Federal tienen garantizado su derecho a la salud reproductiva desde una dimensión amplia, en otras entidades se han endurecido las penas en contra de la autonomía de las mujeres para decidir con dignidad sobre su propio cuerpo. Cierto es que entre la población que habita fuera de la ciudad capital sobrevive un rechazo mayoritario hacia el aborto, pero también lo es que esa misma población se halla en desacuerdo con que se castigue con privación de la libertad a las mujeres que abortan”.
