- Se decidió no solicitar la inmediata intervención del Ministerio Público por agravios al erario
- Piden diputados del blanquiazul sanciones al parejo
Desde temprana hora el grupo parlamentario de Acción Nacional informó de su voto en contra de todos los dictámenes de las cuentas públicas de los municipios y el Gobierno del Estado, relativas a la vida financiera que estos entes desarrollaron durante 2011. Los diputados del blanquiazul argumentaron que en la redacción de dichos documentos no se vertieron las sanciones para toda una serie de irregularidades con el erario, y que la fracción mayoritaria, la del Partido Revolucionario Institucional, no exhibía intenciones de apelar al Ministerio Público.
Así, Alfredo Nieto Estebanez pidió paridad en torno al proceso de fiscalización, pues Jesús Soto López, ex alcalde panista de Calvillo, sí fue llevado a la cárcel bajo cargos de peculado.
Arturo González Estrada, vocal de la Comisión de Vigilancia, redactora de los dictámenes, apuntó en rueda de prensa que “lo que estamos solicitando es que al igual que los actuales alcaldes procedieron contra los anteriores, que ahora que ellos están cometiendo irregularidades se actúe de la misma forma, que sea el Ministerio Público, que sean las autoridades judiciales las que determinen si hay o no materia”.
Señaló que durante la noche del miércoles se buscó tanto con Arturo Robles Aguilar, presidente de la citada comisión, añadir de una vez por todas, en cada observación que así lo ameritara, que el Ministerio Público debía tomar cartas en el asunto de manera inmediata.
“Ya es facultad del Órgano Superior de Fiscalización [adscrito al Poder Legislativo] dar vista al Ministerio Público, de lo contrario nuevamente estamos realizando dictámenes que se van a guardar en el escritorio y no va a pasar nada”.
González señaló que al escrutar a los 11 ayuntamientos y a la administración de Carlos Lozano de la Torre se obtuvieron aproximadamente 2 mil 500 hojas de observaciones.
En el mismo tenor, el diputado José Luis Novales Arellano expuso que en Jesús María se adelantó el pago a una compañía constructora, después se realizó la respectiva licitación de obra, de la cual salió airosa la misma empresa.
El Cabildo de Tepezalá, dijo, compró un camión recolector de basura e intentó respaldar la adquisición por medio de una factura expedida por una tienda de zapatos.
Consideró también que si los dictámenes no desembocan en algunas sanciones penales, el dinero que se invierte en realizar auditorías gubernamentales irá a parar “a la basura”.
Tal postura abre la puerta a la “impunidad absoluta”.
Alfredo Reyes Velázquez, coordinador de la bancada en Congreso del Estado, añadió que con las recientes modificaciones a la ley en la materia el Órgano Superior de Fiscalización, y con ello la diputación, tiene todas las facultades para emplazar la intervención del Poder Judicial.
