Presenta fracción del Verde Ecologista iniciativa para derogar esta figura
El arraigo es vital en la lucha contra el crimen organizado, expone el procurador de Justicia
En una de las últimas iniciativas subidas a la cartera legislativa este 2012, la bancada del Partido Verde Ecologista propone suprimir del Código Penal de Aguascalientes la figura del arraigo, por considerar que viola las garantías previstas tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales suscritos por México.
La bancada señala en su exposición de motivos que “desafortunadamente con mínimos indicios todos somos arraigables por la simple sospecha de estar involucrados en la delincuencia organizada, pero concretamente sin la formalización de una acusación, ni el inicio de un proceso judicial”.
Asimismo expone que con dicha medida cautelar, orientada a detener a una persona para después investigarla, se elimina el principio de presunción de inocencia.
“El objetivo del arraigo no es declarar la inocencia o culpabilidad de la persona, sino privarla de su libertad mientras la autoridad investiga”.
La fracción perredista en Congreso del Estado sería otra a favor de la extinción del arraigo.
En el espacio de una detención de tales características, manifiestan los diputados del Verde, se genera el caldo de cultivo para eventos de incomunicación, de violación a la defensa adecuada, la oportunidad de defensa, la independencia y la imparcialidad judicial.
La iniciativa cita un par de estudios en contra del arraigo. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desde junio de 2008 un promedio de 1.82 personas son arraigadas cada día en el ámbito federal, y 1.12 a nivel local.
Entre junio de 2008 y octubre de 2011 un total de 6 mil 562 ciudadanos fueron arraigados en todo México. De 2009 a la fecha este índice crece a un ritmo de 120 por ciento. Se manifiesta también que del universo de arraigados sólo el 90 por ciento fue consignado ante alguna autoridad, y que sólo el 3 por ciento recibió sentencia condenatoria.
Según las cifras de un informe realizado hace tres años por la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de sus encuestados fueron torturados o denunciaron haber sido víctimas de esta clase de prácticas.
De junio de 2008 a 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendió por lo menos 120 quejas por violaciones a derechos humanos en situación de arraigo, de las cuales 38 por ciento estuvieron relacionadas con una detención arbitraria, 41 por ciento a casos de tortura u otros tratos crueles, mientras que en el 26 por ciento se postuló detención arbitraria y tortura.
Por su parte Felipe Muñoz Vázquez, procurador de Justicia de Aguascalientes, ha referido que el arraigo es uno de los pilares en el combate a la delincuencia organizada.
Durante 2010 se presentó el arraigo de 26 personas en la entidad, de éstas cinco fueron consignadas. Un año después la cifra de detenciones se disparó hasta llegar a 180. En lo que va del corriente se han registrado 146 arraigos, 90 por ciento han derivado en una consignación.
El Grupo Parlamentario promovente también recalca que el 10 de junio de 2011 la Constitución fue reformada para establecer los derechos humanos como uno de sus ejes rectores.
“La persona afectada por el arraigo queda sin garantías, ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada… El Ministerio Público solicita el arraigo justamente porque no tiene pruebas para acusar, ya que si las tuviera de inmediato solicitaría una orden de aprehensión a un juez; por lo tanto, ese procedimiento aniquila el principio de presunción de inocencia”.
Al señalar que el Estado no puede dejar de impartir justicia, los legisladores del Partido Verde concluyen que la prisión preventiva resulta “más digna” porque está reglamentada.
A partir del pasado 20 de diciembre esta iniciativa espera ser turnada (para su estudio) a la Comisión de Justicia del Poder Legislativo.
