Desde hace más de una década, México se ha convertido en una bomba de tiempo. El estallido social es inminente y viene dándose de manera paulatina.
La responsabilidad ciudadana predomina ante la insensibilidad y represión gubernamental. Las vías del desfogue no pueden, ni deben ser las de la violencia, pero no puedes apagar el fuego, con más fuego.
Salvador Atenco no fue una gracia, ni el Negro Durazo un héroe. En estos momentos de transformación ideológica, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ante la carestía de justicia, en México predomina la necesidad de que los ciudadanos recuperemos la capacidad para ejercer como seres políticos.
Simple y sencillamente no existe la democracia en un lugar donde se niega el derecho de tomar decisiones colectivas en relación a los reclamos colectivos.
Hay que ser muy mesurados, objetivos y justos al momento de referirnos a las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas, pues el sentido más puro del reclamo es recuperar la capacidad de ejercer, todos, como seres políticos, como rectores, estrategas y constructores de nuestro destino como nación.
Las condiciones que tienen colmado el sentido común y social de la ciudadanía son la mecánica en la que nos metieron, dentro de un sistema político obsoleto, sistema en la que se forma y utiliza la pasividad de una ciudadanía, para reducirla a la condición de un simple consumidor.
Por ello la trascendencia de las movilizaciones ciudadanas responsables, con sentido, en donde debemos intervenir públicamente para detectar y denunciar las condiciones sociales que afectan nuestras vidas, y buscar así, consensuadamente, satisfacer nuestras necesidades y conseguir una democracia real y participativa.
No hay ley justa sin deliberación y ponderación de opiniones a la luz de razones imparciales, basadas en la virtud ciudadana. Ésa es la premisa de la que debemos partir a la hora de salir a las calles a buscar justicia. Incluso en las autoridades que quepa el raciocinio, ése debe ser el modelo rector antes de pensar en una represión de consecuencias catastróficas para la vida democrática de un país.
A los librepensadores les debe corresponder la concientización, antes de la radicalización. Las posibles desmesuras en las que puedan incurrir los movimientos sociales son inaceptables, sin embargo, no eclipsan las muchas buenas cosas mostradas por estas corrientes ciudadanas: no deben mermar ni restringir su voluntad y derecho de informarse y de informar; de razonar y de escuchar razones y, en definitiva, su propósito de participar en la gestión de la vida política, vida que a pesar de los sucesos, compartimos todos.
Es de lamentar que frente a las evidencias históricas y el desencanto social, exista dentro de todo este proceso de movilización, la visión placentera, idílica, generada en torno a una falsa transición. Pese a lo que se piense, de que México siempre haya tenido un déficit de ciudadanía crítica, hoy las circunstancias y el despertar social es evidente y se manifiesta no sólo en manifestaciones, sino en participación seria y en reclamos legítimos de alcanzar estándares de vida óptimos.
El comportamiento autoritario con que hemos vivido y la debilidad del reclamo social, explican la actual desconfianza hacia las movilizaciones ciudadanas, la apatía política, el descrédito de los partidos, la corrupción y, en suma, el desentendimiento ciudadano por la marcha de los asuntos grupales. Es decir, nos acostumbramos a una cultura de no indignarme mientras a mí no me pase.
Mucho de estos malestares político-sociales son generados desde los absurdos instrumentos de participación ciudadana plasmados en la Constitución, mismos que resultan limitantes, contradictorios y obsoletos, pues defienden todo, menos la dichosa participación, libre y legítima. De ahí deviene otra de las lacras que tienen esos mecanismos: el sistema electoral que consolida el bipartidismo y lo perpetúa, desapareciendo todo indicio de competencia, pues es evidente que bajo el “consenso”, los dos partidos dominadores de la política nacional consolidan en espacio de centralidad política desde el acordar “cuestiones de estado”. Este modelo es el que ha asfixiado cualquier posibilidad de avanzar hacia elementos de democracia directa o participativa, democracia real, para acabar pronto.
Un hecho es que el sistema actual está agotado y la ciudadanía se está movilizando: la tan cacareada transición del 2000 y ahora replanteada en 2012, ya no da más de sí, más aún cuando sus cimientos se construyeron en un aparato de Estado que está ya muy deteriorado y que es incapaz de recuperarse, sólo es capaz de contaminarse más y más.
Es por eso que no podemos criminalizar las movilizaciones ciudadanas. La incursión de grupos de choque dentro de sus estructuras será un blanco fácil para desprestigiar una concientización social. Por eso es que necesitamos construir nuevas vías democráticas, nuevas rutas participativas
La crisis de hegemonía y movimientos de resistencia es lo que puso al país de cabeza durante el último siglo. Ante el riesgo del colapso de todo el sistema, y no sólo lo financiero, la crisis económica ha devenido en crisis política. Ante la crisis de hegemonía de la democracia establecida, ha surgido un nuevo movimiento de protesta con nuevas formas de movilización política.
Debemos manifestar que estamos cansados de ser gobernados al libre albedrío de unos cuántos. Pero debe ser responsabilidad nuestra generar una revolución intelectual, en donde se manifieste el libre pensamiento, sin transgredir lo que ya tanto han transgredido los que reprimen las movilizaciones: la Ley.
Estos seis años que vienen representan un reto, una audaz prueba de resistencia ante los embates de un opresor gigantesco como el que acaba de volver a tomar las riendas. Pero es nuestra oportunidad de construir, de derrocar mediante acciones firmes y contundentes de concientización.
No a la represión, pero no a la manifestación violenta. La movilización ciudadana es mucho más que una toma de protesta.
Presidente del Movimiento Ciudadano
