Presupuestan cárcel de cinco meses a cinco años de acuerdo con la magnitud del daño
Otro de los castigos planteados es el económico: de 50 a 500 días de salario mínimo
Bajo la denominación de “delito de intimidación”, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) busca llevar ante los tribunales a quienes cometan bullying en entornos escolares, laborales, sociales, deportivos y oficiales.
José Luis Novales Arellano, diputado de la fracción, anunció que de ser aprobada la iniciativa de reforma, el maltrato físico, sicológico, verbal o documental podría ser penado con entre cinco meses y cinco años de prisión, de acuerdo con la magnitud del agravio.
Otro de los castigos planteados es el económico: de 50 a 500 días de salario mínimo. En caso de que el agresor sea menor de edad, dijo, las penas recaerían sobre el responsable de su educación.
“Se propone que se sancione la intimidación como conducta independiente de las lesiones o daños que puedan causar… realmente el bullying sucede en todos los niveles sociales, en todas las edades y en todos lados”.
El legislador indicó en rueda de prensa que si en realidad se desea acabar con este conflicto la “intimidación por omisión” también debe ser sancionada. Señaló que si una persona presencia un acto de violencia y no actúa, algún castigo habrá de ser la consecuencia. Tal acción, dijo, se formuló para “obligar que se denuncie por maestros, patrones y vecinos que hoy sólo son espectadores”.
Cuando la conducta en comento sea ejecutada por cualquier servidor público la sanción sería incrementada por mitad. El dictamen de esta iniciativa ya fue redactado en su totalidad y espera su oportunidad para ser valorada por la diputación local.
