Mucha gente se preguntará por qué ha generado tanto debate una iniciativa de Ley que defiende la vida desde la concepción ya que la vida dirían muchos, es un derecho que tenemos todos. Esto es cierto pero es sólo la primera parte de una serie de consecuencias que se deriva de este planteamiento.
Esta iniciativa de convertirse en ley, obliga a las mujeres que fueron violadas a concebir un hijo que fue producto de una violación. También la obliga a concebir un hijo que viene con una malformación. La condena a ir a la cárcel, o a vivir en un sufrimiento permanente por un hijo que nació con un mal congénito.
La obliga también a tener un hijo aunque su vida esté en riesgo y que muera en el alumbramiento porque su cuerpo no estaba en condiciones de concebir. En la actualidad la ley en Aguascalientes le permite a la mujer interrumpir el embarazo en estas tres circunstancias.
La iniciativa no habla de corresponsabilizar a quienes hicieron posible concebir una nueva vida, es decir, el hombre y la mujer. Tampoco habla de sufrir consecuencias a quien embaraza a una mujer y la deja sola en el desamparo y con la responsabilidad de formar y mantener de por vida a un ser que demanda y merece atención y servicios por parte del padre, la madre y el Estado.
Esta ley le endosa la responsabilidad completa a la mujer. ¿Pero por qué revivir esta iniciativa que criminaliza a la mujer en estos momentos si estuvo en la congeladora en esta Legislatura? ¿Es asunto de un simple diputado que se le ocurrió de manera repentina, y a nombre de la fracción del PRI, presentar esta iniciativa?
Esta iniciativa que pretenden aprobar tiene un trasfondo eminentemente político. Para poder entenderlo hagamos memoria de acontecimientos que se presentaron después de la elección a Gobernador en 2010.
Recuérdese que después de que gana la elección el PRI, la jerarquía católica local con un tono desmesurado y reclamante declaró que el PRI no cumplía sus promesas y “que estaban muy decepcionados de ellos”.
Se observó posteriormente un activismo y trato especial de los ganadores de la elección a los representantes de la iglesia católica local. Incluso se publicó en los medios de comunicación el encuentro de Carlos Lozano, con representantes del Vaticano, con el influyente obispo de Yucatán Emilio Berlié, que fungió como intermediario entre la jerarquía católica local y el Gobierno de Aguascalientes.
Después de la elección federal de 2012, en donde el PRI obtuvo malos resultados, la iglesia católica mostró que eran un factor de influencia y movilización entre las organizaciones afines, y da a entender que puede ser un factor de influencia en los electores.
Este peso electoral de la iglesia católica es lo que está en juego de cara al proceso electoral. Por lo tanto no es la acción de un simple diputado. Si hay que ubicar una responsabilidad es al Jefe del Ejecutivo Carlos Lozano de la Torre.
La presentación de esta iniciativa tiene como objetivo fundamental atender el reclamo de la jerarquía católica local que considera inexplicable que Aguascalientes con más del 90 por ciento de católicos, no tenga aprobada esta Ley como lo han hecho otros Estados.
Con esta decisión política, el gobernador no sólo criminaliza a la mujer y la somete al escrutinio jurídico social y moral, incorpora también de manera innecesaria, encono y confrontación en la sociedad antes del proceso electoral que se avecina.
A nivel nacional con la firma del Pacto se está haciendo un saludable ejercicio de construcción de consensos para lograr las reformas estructurales que el país necesita, pero localmente se introducen elementos que van a agudizar y enrarecer el ambiente político y social de la entidad, porque el PRI y el primer priísta del Estado, tienen en la mira ganar los procesos electorales a como dé lugar.
Si eso significa poner a las mujeres y sus derechos como prenda, no lo van a pensar dos veces. Por lo tanto éste no es un asunto de carácter ideológico de un diputado creyente y conservador, es la prevalencia del Jefe del Ejecutivo sobre el resto de los poderes Constitucionales del Estado.
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