- Acusados de delitos contra la salud, asesinato, tortura y violación
- Sólo 38 han sido condenados, 17 están prófugos y el resto en juicio
Alfredo Méndez
Enviado
Periódico La Jornada
Toluca, Mex., 16 de enero. Unos 500 militares fueron encarcelados durante el sexenio del presidente Felipe Calderón acusados de delitos graves. que van de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, hasta homicidio, tortura y secuestro, entre otras violaciones a los derechos humanos de civiles, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).
De acuerdo con informes estadísticos de cuatro juzgados y dos tribunales colegiados de distrito –la mayoría con sede en la capital mexiquense–, 387 efectivos fueron encarcelados por acusaciones de tortura e inhumación ilegal de cadáveres, violencia contra las personas, ocasionando lesiones y homicidios, allanamientos de morada, abuso de autoridad y/o violación.
Asimismo, 111 militares fueron procesados penalmente por delitos contra la salud, delincuencia organizada y traición a las fuerzas armadas, por sus presuntos vínculos con bandas criminales que se dedican al narcotráfico y al lavado de dinero.
En tribunales federales sólo se tiene registro de dos casos de desaparición forzada de personas.
Las estadísticas elaboradas por jueces y magistrados del PJF fueron elaborados a raíz de los casos en que han conocido de un proceso contra militares, ya sea por solicitudes de amparo contra resoluciones tanto de la justicia militar como de la civil.
Entre los casos más destacados de militares sujetos a proceso penal destacan los de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Juan Manuel Barragán Espinosa, los tres presuntamente involucrados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo con las fuentes e informes de juzgados, consultados por La Jornada este miércoles, 93 por ciento de los militares que durante el sexenio calderonista recibieron acusaciones penales se vieron involucrados en conductas ilícitas como violaciones a las garantías individuales, por las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 190 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De los 500 militares procesados, sólo 38 han recibido sentencia condenatoria, 17 están prófugos, ocho fueron absueltos y quedaron libres, y el resto espera la resolución de sus procesos.
Entre los acusados a quienes se inició juicio penal figuran 26 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores), 72 oficiales (capitanes y tenientes) y el resto es personal de tropa (sargentos, cabos y soldados).
Detención arbitraria y tortura, los delitos más frecuentes
Los delitos más frecuentes de los casos revisados, la mayoría tanto por juzgados militares como civiles, fueron detenciones arbitrarias y torturas, abuso de autoridad, homicidio, violación sexual, lesiones, inhumación de cadáveres, allanamiento de morada y robo, los cuales se repitieron en el sexenio pasado 72 por ciento.
Acerca de los casos de desapariciones forzadas que han llegado a tribunales, en los que están involucrados militares, destacan el de la averiguación previa 15ZM/82/ 2010, que inicialmente revisó el juzgado de la quinta Región Militar, con sede en Jalisco, y que se desahoga mediante amparo en el segundo tribunal colegiado de Toluca.
El caso de inició el primero de octubre de 2010, cuando fueron detenidas de manera arbitraria seis personas tras un cateo en Jilotitlán de los Dolores.
Según consta en las causas penales 103/2011 y 14/2011, ese día personal del Ejército irrumpió en un domicilio de Jilotitlán y se llevó a seis personas a bordo de cinco vehículos militares. Durante la detención, los soldados aplicaron tratos crueles, de acuerdo con declaraciones de testigos.
Lo último que se supo de esas personas, por un reporte preliminar elaborado por los aprehensores, fue que los seis detenidos fueron llevados rumbo al estado de Michoacán, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
La mayoría de los militares sentenciados y procesados están presos en los tres penales de la Sedena, ubicados en el Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa.
Además de los casos de los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, destacan el del capitán Rubén Pérez, procesado por delitos contra la salud, y el del general Jesús Moreno Aviña, sujeto a juicio por violaciones a los derechos humanos de civiles.
