El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un tratado multilateral entre sistemas de estados y organización que pretenden, sin más, organizar mecanismos para protección y garantía de los mismos, entre los que se encuentran los derechos laborales, a una calidad de vida (o vida digna), los derechos a la educación y a la salud. Sin embargo aún no se incluye el desarrollo sustentable como tal.
De acuerdo a Gerardo Pisarello, los derechos sociales se definen de acuerdo al elemento que se tome como caracterizante. Por ejemplo, algunos derechos de libertad sindical, como la huelga, se interpretan como parte de los derechos de libertad, son entendidos como derechos a prestaciones de bienes o servicios, frente al estado, tendentes a satisfacer las necesidades de que no limiten de ninguna manera el desarrollo de la vida de cada individuo. Así entonces, el desarrollo sustentable también podría tener validez jurídica como derecho, a partir de fenómenos proveedores de bienes o servicios. Entonces el estado tendría obligación de su garantía.
El debate sobre el contexto del desarrollo sustentable tiende a dos fenómenos desde mi óptica, al efecto Make Kony Famous (haz famoso a Kony) y al reconocimiento de éste como un Derecho de las Generaciones Futuras.
El efecto Make Kony Famous tiene que ver con la socialización y hasta viralización de un evento, generalmente algo indignante (como el gentleman de Las Lomas o las ladies de Polanco) o gracioso (como el “Ya guey” de “Edgar se cae”). Es decir, mientras más se hablaba de ésto en los medios masivos de comunicación y este fenómeno (desarrollo sustentable) se incluía en los programas académicos escolares, fundamentalmente en el rango superior o media superior, fuimos más conscientes y emprendedores al respecto.
Make Kony Famous es una iniciativa de Jason Russell, cineasta y activista americano, que busca dar a conocer al mundo todas las atrocidades que Joseph Kony y su ejército de rebeldes han cometido y siguen cometiendo contra inocentes, pero fundamentalmente con niños en Uganda, mediante un video bien editado (Kony 2012) que busca comprometer al videovidente para sumarse a un movimiento para presionar y llevar a este personaje a la Corte Criminal Internacional.
El video tuvo más de 83 millones de visitas en todas sus versiones, de acuerdo a los idiomas subtitulados, en las dos primeras semanas en las que el video se cargó a YouTube. Es decir, su efectividad se probó de forma mediana e inmediata, aún no ha sido capturado ni muchos menos enjuiciado, pero muchos ahora somos los indignados al respecto. (La película Machine Gun Preacher también retrata algunas reflexiones al respecto).
La tesis del video tiende a una amplia reflexión sociológica, sólo actuamos cuando ejercemos plena conciencia del evento. Mientras más seamos los preocupados y ocupados, el hecho tiende a someterse en presión colectiva, lo que en la mayoría de las ocasiones se transforma en búsqueda de alternativas. Es decir, me parece evidente que hoy en día y con poco de atrevimiento, más del 80 por ciento de los pobladores del mundo, conoce o intuye que los problemas ambientales son evidentes y que actualmente el debate tiende a agotarse dado que la “política macro-ONU” no ha tenido los resultados esperados, ahí está el fracaso del Protocolo de Kyoto. Así pues, el desarrollo sustentable es famoso y por eso hablamos de ello, aunque poco hagamos para perfeccionarlo.
Ahora, en referencia a que sea un derecho de las generaciones futuras, el desarrollo sustentable debe ser un derecho social más. Las causas progresistas han tomado este fenómeno como una bandera irrefrenable dado sus causas, pero sobre todo por sus supra-consecuencias, es decir, los afectos que sobrepasan lo obvio.
El deterioro ambiental es también una causal de la prevalencia de la pobreza, pero fundamentalmente también ha afectado de forma gradual a la desigualdad. Se han modificado gravemente los ecosistemas en nombre del “desarrollo”. El crecimiento de la civilización y la demanda por alimentos, han ejercido presión sobre el medio ambiente, contaminando el aire, desplazando territorios y agotando toda clase de recursos naturales.
El impacto es cuantioso, cerca del 37 por ciento del revestimiento forestal se ha perdido; poco más del 80 por ciento de las pesquerías del país han alcanzado su máximo aprovechamiento; cerca del 45 por ciento del territorio nacional padecía algún tipo de degradación; de las 81 mil 540 especies y subespecies descritas para México, 2 mil 557 están en alguna categoría de riesgo.
Esta crisis general del equilibrio ecológico, pone en riesgo 15 por ciento del territorio, 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del PIB. Todo esto de acuerdo al documento elaborado por reconocidos académicos, investigadores activistas y organizaciones de la sociedad civil, tan sólo en el periodo que va de 2000 a 2010 se perdieron 195 mil hectáreas de bosque al año, debido al cambio en el uso de suelo, tala clandestina e incendios. La sobreexplotación de recursos ha sido el paradigma dominante, ocho de las 13 regiones hidrológico-administrativas tienen una extracción de más del 40 por ciento de la disponibilidad natural media anual, colocando en grave riesgo a por lo menos 77 por ciento de la población mexicana y a la posible generación del 87 por ciento del PIB. (Semarnat, 2007; Pérez, J. 2010; y Carabias, et al, 2012).
La impunidad en materia de medio ambiente es peor que la de transparencia o corrupción por peculado. El desarrollo jamás se contrapone al medio ambiente. Es claro que para explicar el proceso natural de cada elemento del planeta se debe comprender que el problema nace ante la incapacidad de la propia naturaleza para regenerarse, por lo que entonces gracias y por la generación de recursos antropogénicos es necesaria una “intervención”.
Muchos especialistas como Julia Carabias o José Sarukhán, han denunciado la precaria política planeadora y ejecutiva de los grandes países y de México en el ahora “Pacto por México”. Sin embargo pareciera que el problema siempre va a ser de fondo. Si se propiciara el debate a que el centro del federalismo mexicano sea el Desarrollo Sustentable, los recursos naturales, la salud pública y los recursos económicos se potencializarían y que esta visión, además, sumándose a la de los derechos, tendría una vocación transformadora.
No todo se ha hecho mal, claro. El que se hable más de esto ayuda, arriba lo pretendí exponer. Sin embargo, para poder explicar procesos sociales será siempre necesario tener en cuenta las coyunturas y dejar sitio a la innovación, esto es: entender cómo los actores reconocen y se adaptan a la situación en que se encuentran.
En fin, el momentum de Peña se agotará de forma natural. Si desde ahora, el desarrollo sustentable no se incluye como un derecho de las próximas generaciones ni se incluye en el amplio debate de problemáticas como prioridad, pasarán otros seis años en el letargo y la medianía timorata que, a la vuelta de los años, podrían convertirse en nostalgia irreversible. El medio es un derecho más para los de hoy pero sobre todo para los de mañana, ojalá –sin ingenuidad- que la visión de estado de los gobernantes de Aguascalientes y de México, tengan esa grandeza.
