Después del ocaso de la “Guerrera” / Claudio H. Vargas en LJA - LJA Aguascalientes
19/05/2024

Quiero morir con un epitafio:

“Aquí yace una guerrera, y como guerrera murió”.

Elba Esther Gordillo, 6 de febrero de 2013

Cuando hace algunas semanas se firmó el Pacto por México, en estas mismas páginas aventuré la idea de que dicha firma podría, en parte, deberse a la intención del presidente Peña Nieto de ir cerrando la brecha que a lo largo de la segunda mitad del sexenio de Calderón se había abierto entre lo que era la autoridad presidencial y lo que representa el ejercicio del liderazgo institucional. El Pacto no era –no es– una respuesta a un déficit de legitimidad como lo fueron en su momento la detención de Joaquín Hernández Galicia a inicios de la presidencia de Salinas de Gortari (el llamado Quinazo) y la apertura de un frente de combate al crimen organizado en los primeros días de la administración de Calderón. La recién inaugurada presidencia de Peña Nieto no necesita de dichos recursos y, antes bien, según sugería el mismo Pacto, estaba dispuesta a reconstruir la capacidad de gobierno del Ejecutivo federal –cerrar la brecha entre autoridad y liderazgo- recurriendo a otros mecanismos, invocando otras razones.

En ese sentido la detención de la aún presidenta del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y líder moral (cualquiera cosa que ello signifique) del Partido Nueva Alianza no sólo parece muy distante de ser una suerte de remake del Quinazo, sino que, por sus propias características, reabre un acertijo en torno a sus consecuencias políticas inmediatas y mediatas tanto en el campo propiamente educativo y sindical como, en un sentido más amplio, en las peculiaridades del quehacer político del país y su relación con la aplicación de la ley, con la vigencia del Estado de Derecho.

Como se recordará, una de las razones que se invocaron con mayor énfasis para propiciar la firma del Pacto por México fue el imperativo de recuperar la gestión de la agenda pública en asuntos tan sensibles para el desarrollo del país como la educación. El sentido explícito que se dio en el Pacto a esta recuperación no dejaba lugar a dudas: se trataba de que “El Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional…”

Y recuperar esa rectoría suponía, entre otras cosas, recuperar la iniciativa para promulgar una reforma del sistema de educación así como para ponerla en marcha ahí donde cuenta, en las escuelas, en los salones de clase.

En este sentido la detención de Elba Esther Gordillo resulta más que consistente, en lo que respecta al momento en que ocurre como en sus alcances inmediatos, con el contexto o ambiente político que ayudó a crear el Pacto por México. Éste otorgó un nivel mínimo de cobertura política para que, una vez consensado y realizado el trabajo legislativo correspondiente, se contara con el explícito respaldo de las fuerzas políticas exigido para proceder a remover uno de los mayores obstáculos a la reforma educativa.

No creo, desde luego, que nadie piense -ni en el gobierno ni en el sindicato ni entre los ciudadanos- que mantener en prisión a la señora Gordillo sea suficiente para asegurar la buena marcha o el éxito de la reforma educativa. En primer lugar porque la reforma educativa es en sí misma una tarea demasiado compleja, demasiado desafiante como para que su trayectoria y eventual desenlace dependa de la suerte de una sola persona o de un puñado de personas. En segundo lugar porque no pocas de las debilidades del sistema educativo del país no son exactamente responsabilidad de la señora Gordillo o el SNTE, sino resultado de añejas y nuevas disfuncionalidades en la forma en que está concebida su organización y funcionamiento. Y, finalmente, porque muchos de los efectos más perniciosos sobre la educación del país que se le atribuyen a la señora Gordillo más que ser logros estrictamente personales –o mera muestra de sus caprichos o desajustes mentales-  son en realidad expresión de un desarreglo político que por años, más que ser simplemente tolerado, ha incentivado y permitido que grupos de poder puedan capturar (es decir privatizar) no sólo parte del proceso de toma de decisiones de  la agenda pública, sino el funcionamiento de algunas instituciones públicas.


Elba Esther Gordillo no es ni ha sido la única persona en sacar ventajas económicas y políticas de este tipo de desarreglo político, aunque sí una de las que más ha ostentado los beneficios que ello reporta y, sin duda, quien mejor representó, casi en estado químicamente puro, la cultura política en que se sustenta dicho desarreglo: el patrimonialismo y la corrupción, el cinismo y la impunidad, la demagogia y el autoritarismo, la irresponsabilidad y la frivolidad.

Es claro, entonces, que hace falta mucho más que mantener en cautiverio a La Maestra para que México cuente con el sistema educativo que exige su desarrollo. Su detención sirve, sí, para tomar cartas en el asunto y despedir a la “Guerrera”, para utilizar las palabras que ella desea sean inscritas en su epitafio, pero no mucho más. En el mejor de los casos la detención de la señora Gordillo despeja una buena parte del camino que debe seguirse, en especial porque, y esto no es un asunto menor, se puede empezar a tener un diálogo abierto, transparente y realmente productivo que ponga atención en lo que de verdad importa: la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes del país.

La detención de la señora Gordillo abre también un gran acertijo en cuanto a las siempre ambiguas relaciones entre la política y la aplicación de la ley. Es de suyo obvio que la líder del SNTE no es la única persona que ha hecho méritos suficientes para ser sospechosa de actos de corrupción –por no mencionar otro tipo de delitos acaso más graves-, sino que existe una buena cantidad de personajes públicos que son muy buenos candidatos a semejante estatus. Pero así como sería inaceptable que no se respetasen los derechos de la señora Gordillo, en particular el de tener un proceso judicial plenamente legal, no sería aceptable tampoco que la aplicación de la ley se sujetara a una agenda política y que, en consecuencia, esta iniciativa en favor de la legalidad distinguiera entre enemigos y aliados políticos, entre adversarios incómodos y cómplices redituables. En su manera más elemental la fortaleza del Estado de Derecho se muestra en la vigencia del principio de igualdad ante la ley.

La detención de la líder del SNTE parece entonces una oportunidad que el Estado se ha dado para, en efecto, rehacer la rectoría del Estado en materia educativa y dar muestras de su apego a la legalidad. Al liberarse del chantaje fáctico y permanente de la señora Gordillo, Peña Nieto tiene ahora ciertamente un mayor grado de compromiso de que, en efecto, la reforma educativa sea seria y responsable, pero también tiene el compromiso del reacomodo de las fuerzas políticas que se ha abierto, dentro y fuera del sindicato, sea conducido con transparencia, legalidad y apego al espíritu democrático, es decir todo aquéllo que está en las antípodas de lo que por décadas fue la actividad política y sindical de la señora Gordillo. De otro modo, así como la detención de Hernández Galicia no abrió las puertas para una reforma de Pemex, ni la remoción de Carlos Jonguitud, que encumbró precisamente a Elba Esther Gordillo, representó la renovación de la educación en el país ni, en fin, la detención de Raúl Salinas de Gortari fue un antídoto eficaz contra la impunidad, la detención de Elba Esther Gordillo no será, al fin y al cabo, sino una anécdota más en el País de las Oportunidades Perdidas. Esperemos que no sea así.


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