La investigación emprendida sobre la construcción de la Estela de Luz concluyó que todo el proceso estuvo envuelto en sucesivos actos de corrupción, que generaron un quebranto de casi 400 millones de pesos y motivaron dos denuncias de hechos.
En su informe sobre la cuenta pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que las decisiones adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón para que la estela fuera construida por la empresa Gutsa, demuestran la tendencia de beneficiar
a esta compañía, a pesar de sus prácticas de incumplimiento de contratos con la administración pública federal.
Entre los ejemplos del fraude, la ASF explicó que la filial de Pemex I.I.I. Servicios duplicó el precio del acero utilizado para las columnas, con el argumento de que se requería metal con mayores densidad y dimensión, pero inexplicablemente el peso del monumento no se incrementó
.
Además, la ASF comprobó que Gutsa utilizó un tipo de cuarzo distinto al que supuestamente compró a la compañía italiana Taltos.
Al respecto, los auditores indicaron: I.I.I. permitió que Gutsa colocara 792 piezas de paneles de cuarzo sin verificar que son de una tonalidad diferente de la especificada en la minuta levantada en Pinerolo, Torino, Italia
.
Cuestionaron que Banjército, que administró el Fideicomiso del bicentenario, no exigió que se presentaran las pruebas para confirmar que la piedra suministrada no fue distinta de la adquirida.
En la auditoría de inversiones físicas realizada al monumento colocado sobre Paseo de la Reforma –que fue inaugurado el 7 de enero de 2012, aunque debía estar listo el 15 de septiembre de 2010–, el órgano fiscalizador relata en 90 cuartillas la relación de sucesos que elevaron el costo de la obra de 393 millones de pesos a mil 312 millones.
Desde el inicio, el proyecto representó un alto costo. Sólo el magno evento
para presentar la convocatoria para construir un arco conmemorativo del bicentenario del inicio de la Independencia, organizado por Turissste, costó 15 millones de pesos, y para la ceremonia de colocación de la primera piedra –a cargo de la misma dependencia– se desembolsó un millón 800 mil más.
La auditoría reveló que Gutsa fue designada ganadora del concurso para construir el monumento, porque su oferta fue la más económica –de 398 millones 924 mil 200 pesos–, sólo 5 millones más que el contrato realizado entre Banjército y I.I.I. Servicios para el proyecto. La propuesta más alta la presentó Ingenieros Civiles Asociados (ICA): 942 millones 228 mil 100.
No obstante, una vez adjudicado el contrato a Gutsa, el costo de la obra dio un primer salto, debido a que esa empresa se asoció con Proyectos y Desarrollo de Infraestructura (SAPI).
El primer convenio para modificar el contrato incluyó un ajuste de 98 millones 600 mil pesos más, como costo de la alianza Gutsa-SAPI, y fue avalado por la entonces oficial mayor de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de presidenta del comité técnico del Fideicomiso del Bicentenario, Gloria del Carmen Muñoz, quien renunció al cargo en 2012 para sumarse a la campaña presidencial del PAN.
La ASF afirmó que si bien al momento de firmar el contrato no existían sanciones firmes contra Gutsa, ninguno de los miembros del comité responsable de dictaminar a la empresa triunfadora del concurso advirtió o señaló las irregularidades en que había incurrido
ni que la Función Pública tenía procesos en su contra.
Este hecho demuestra la tendencia a beneficiarla, lo que además implicaba un riesgo de incumplimiento del proyecto de construcción de la Estela de Luz
, cuestionó la ASF.
Explicó que Banjército contrató a I.I.I. Servicios para construir el monumento, aun cuando la filial de Pemex no tiene capacidad técnica ni atribuciones para ello, por lo cual se subcontrató la obra.
Sin embargo, también se encontró que Gutsa tampoco garantizaba la construcción del monumento, por lo que subcontrató a otras 13 empresas.
La ejecución de la obra, resaltó, se encargó a una empresa que carece de infraestructura y personal competente para llevarla a cabo
, lo que retrasó la entrega de la columna e incrementó su costo.
Además, el proyecto empezó sin los permisos correspondientes del Gobierno del Distrito Federal y sin que I.I.I. presentara estudios de impacto ambiental.
Entre las irregularidades reportadas por la auditoría está el que directivos de I.I.I. jinetearon los pagos a Gutsa, lo que generó rendimientos de 2.5 millones de pesos que no fueron reintegrados ni reportados al fideicomiso.
